La Seu d'Urgell rechaza la compra por 6 millones del icónico cine Guiu
Los partidos de la oposición impulsaron preservar el equipamiento cultural ante la venta por jubilación de los propietarios, pero el alcalde cita restricciones presupuestarias y 40 millones en inversiones competidoras. El pleno aprueba en su lugar la cesión de otros edificios por 8,5 millones al Govern catalán.
Claves
- Ayuntamiento rechaza moción de 6M€ (3M compra + 3M reformas) para cine Guiu, sala de fiestas y pisos.
- Propietarios buscan jubilación; oposición advierte de pérdida de sitio cultural y potencial de vivienda pública.
- Aprueba cesión de dos edificios por 8,5M€ para oficinas del Govern catalán.
- Sesión despide al secretario de 40 años Ramon Miñambres y aprueba mociones de accesos viales y autobuses.
El Ayuntamiento de La Seu d'Urgell ha rechazado una moción conjunta de los partidos de oposición Junts y ERC para comprar el icónico edificio del cine y sala de conciertos Guiu, con un coste total de 6 millones de euros: la mitad para la adquisición y la otra mitad para las reformas.
Los propietarios del recinto, que incluye cines, una sala de fiestas y cinco pisos residenciales, buscan jubilarse y han estado negociando la venta con el Ayuntamiento. El alcalde Joan Barrera reveló el precio durante la sesión plenaria, en la que Compromís votó en contra de la moción y CUP se abstuvo. El portavoz de Junts, Jordi Fàbrega, dijo que el debate al menos había sacado a la luz cifras concretas sobre un asunto que llevaba mucho tiempo sin resolverse. Francesc Viaplana, de Esquerra Republicana, defendió preservar el lugar como parte del patrimonio cultural y la memoria colectiva de la ciudad, señalando que los pisos podrían ampliar el parque de vivienda pública.
Barrera dejó la puerta abierta a más conversaciones, pero enfatizó las prioridades competidoras, con la ciudad afrontando hasta 40 millones de euros en inversiones comprometidas, principalmente del Govern catalán y la Diputación de Lleida. Describió las tácticas de negociación de los propietarios como agresivas, un punto que respaldó Miquel Albero, de CUP.
En su lugar, el pleno aprobó la cesión de dos otros edificios —Ca l'Armenter (también llamado Canonges) y los antiguos juzgados del Pati Palau— a la Generalitat por 8,5 millones de euros en trabajos de rehabilitación. Esto acogerá oficinas del Govern catalán como parte de su despliegue territorial. El solar del Pati Palau, antes escuelas Graduades y juzgados, costará 5 millones de euros en reformas, y el resto para Ca l'Armenter. Viaplana había propuesto concentrar todos los servicios de la Generalitat en un solo lugar, pero Barrera señaló los requisitos de espacio de hasta 25 metros cuadrados por persona.
Fàbrega instó a evitar cualquier decisión —activa o pasiva— que pudiera llevar a arrepentimientos futuros, advirtiendo de que la ciudad podría perder así sus cines, la sala de fiestas y un posible teatro-auditorio.
La sesión también marcó la despedida del secretario de larga trayectoria Ramon Miñambres, de cara a su jubilación el 18 de septiembre, tras 40 años de servicio, incluidos 33 en el Ayuntamiento. Barrera lo elogió como el "garante de la legalidad" y la memoria institucional, con la presencia entre otros del exalcalde Jordi Ausàs.
Otras medidas aprobadas incluyeron un procedimiento para construir un acceso directo a Castellciutat desde la carretera N-260, y una moción revisada de Junts para mejorar los servicios de autobús a universidades y escuelas, tras negociaciones con el equipo de gobierno. Núria Tomàs, de Esquerra, bromeó diciendo que mientras Cataluña se preocupa por los trenes, los Pirineos se sienten más abandonados.
Fuentes originales
Este articulo se agrego a partir de las siguientes fuentes en catalan: