Andorra aprueba primer parque nacional que cubre el 18,9 % del territorio

El Gobierno de Andorra garantizará por ley una contribución anual de alrededor de 440.000 euros a partir de 2027 para financiar el nuevo parque nacional de naturaleza en los valles de Canillo y Ordino. El proyecto de ley, que ahora inicia el trámite parlamentario, incluye también una asignación inicial inmediata de 100.000 euros del presupuesto de este año para crear una fundación pública que gestione el parque una vez aprobado.

El ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Guillem Casal, detalló hoy los aspectos de financiación del proyecto de 8.834 hectáreas —que abarca el 18,88 % del territorio andorrano—. Junto con las áreas protegidas existentes, elevará el total de suelo salvaguardado al 30,94 %. La medida, presentada junto al alcalde de Canillo, Jordi Alcobé, y la alcaldesa de Ordino, Maria del Mar Coma, obtuvo la aprobación del Consejo de Ministros el miércoles. Casal aspira a que el Parlamento la apruebe antes de fin de año.

El parque abarca 7.224 hectáreas en Canillo y 1.611 en Ordino. Prioriza la preservación de ecosistemas, la protección de hábitats y especies, el mantenimiento del paisaje, las actividades tradicionales, la investigación ambiental, la educación y el turismo controlado para apoyar el desarrollo sostenible en las parroquias.

Habrá zonas designadas con distintos niveles de restricciones, desde áreas de uso moderado hasta reservas de acceso limitado. Se permitirán actividades como la ganadería, la agricultura, la caza y la pesca, mientras que se prohibirán nuevas carreteras, remontes y equipamientos turísticos si perjudican los objetivos de conservación.

Un plan de gestión, que deberá elaborarse en un año tras la aprobación, detallará los usos permitidos, los límites de visitantes, las prohibiciones y las sanciones. Un consejo rector supervisará las operaciones, con tres representantes de cada parroquia —Canillo y Ordino— y dos del Gobierno. Las parroquias mantendrán el control de sus territorios a través de este órgano, que dirigirá los fondos hacia la prevención de incendios forestales, la protección de especies autóctonas y el mantenimiento de ríos y estanques.

La financiación estatal se compromete a un mínimo de 50 euros por hectárea al año desde 2027, lo que suma 441.700 euros, con contribuciones equivalentes de las parroquias. La dotación inicial de 100.000 euros ya está presupuestada. El proyecto sigue un acuerdo de 2025 entre el Gobierno y las dos parroquias, avalado por la autoridad ambiental CENBA.