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Medio ambiente·

La Massana aprueba normas estrictas para bicicletas y vehículos motorizados en zonas naturales

El consejo parroquial aprueba por unanimidad una ordenanza que restringe las bicis de descenso/enduro a parques designados, los vehículos motorizados a pistas anchas, con sanciones elevadas

Sintetizado a partir de:
AltaveuDiari d'AndorraEl PeriòdicARABon Dia

Claves

  • Bicis descenso/enduro limitadas al bike park Pal Arinsal y pistas; campo traviesa en rutas señalizadas.
  • Vehículos motorizados solo en caminos >2,5 m ancho; prohibidos en zonas clave como Parc Natural del Comapedrosa.
  • Sanciones 100-3000 €; incautaciones preventivas por personal/policía, sobre todo a infractores extranjeros.
  • Para controlar erosión y quejas de vecinos/agricultores; avalado por federaciones para aplicación equilibrada.

El consejo parroquial de La Massana aprobó por unanimidad el miércoles una ordenanza que regula el acceso y las actividades en zonas naturales, limitando las bicicletas de descenso y enduro al bike park de Pal Arinsal y pistas designadas, restringiendo los vehículos motorizados a caminos de más de 2,5 metros de ancho e autorizando la incautación de vehículos por infracciones graves.

Las normas clasifican los usos en tres grupos para promover la coexistencia entre actividades de ocio, derechos de propiedad, ganadería y acceso peatonal. Los peatones pueden usar todas las zonas salvo el bike park. Las bicis de descenso y enduro se limitan al bike park, mientras que las de campo traviesa también pueden seguir rutas señalizadas. Los vehículos motorizados tienen límites estrictos: los de campo se confinan a pistas de más de 2,5 metros de ancho; las motocicletas están prohibidas en Camí Ral, Camí dels Menairons, caminos estrechos sin permiso y —junto con los 4x4— en el Parc Natural del Comapedrosa, salvo casos autorizados.

El cònsol menor Roger Fité presentó la ordenanza como una forma de gestionar las crecientes presiones sobre los terrenos comunales por eventos deportivos, «secret trails» no autorizados creados por ciclistas que causan erosión, incursiones motorizadas y quejas de residentes y agricultores. Enfatizó la regulación frente a las prohibiciones para garantizar espacio a todos los usuarios, proteger el medio ambiente para las generaciones futuras, cumplir requisitos legales recientes y apoyar el desarrollo económico y turístico. La cònsol mayor Eva Sansa señaló que ayudaría a eliminar caminos ilícitos. El concejal minoritario Guillem Forné la acogió como una respuesta a preocupaciones comunitarias amplias.

Las sanciones van de 100 € por infracciones leves a 3000 € por las más graves, con personal del consejo, banders o policía autorizados para incautar bicis o motos de forma preventiva, especialmente de usuarios extranjeros que suelen eludir multas. Las sanciones impagadas tras el plazo legal podrían llevar a la confiscación permanente y subasta.

Las normas actualizadas amplían regulaciones previas con sanciones reforzadas y se llevarán a la reunión de cònsols como modelo para uniformidad nacional, facilitando la aplicación por grupos como banders y agilizando la gestión de eventos. El presidente de Apapma, Carles Iriarte, respaldó las sanciones como adecuadas para frenar la erosión, especialmente de bicis de descenso en Pal, aunque dijo que una prohibición total es improbable por la importancia económica del ciclismo.

Las federaciones de ciclismo y motociclismo respondieron con cautela el jueves. El vicepresidente de la Federació Andorrana de Ciclisme, Joan Turné, expresó sorpresa y pidió una reunión con el consejo para aclarar la implementación, destacando objetivos compartidos de proteger la montaña y espacio para todos. El nuevo presidente de la Federació Motociclista d’Andorra, Joan Patrick Lasmolles, priorizó el respeto ambiental y el diálogo continuo con parroquias y el ministro de Medio Ambiente.

En la sesión, el consejo inició un intercambio de terrenos con un propietario privado de una parcela de 73,6 m² en Avinguda Sant Antoni para uso público, canjeando una franja vial equivalente tras desclasificación, consulta y notaría. También aprobó un concurso nacional para plantas, árboles, tierra y fertilizantes de cara a obras de jardinería. Laia Alonso prestó juramento como nueva secretaria general, sucediendo a Laura Camps.

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