Propietario de Ordino critica el POUP por castigar a dueños de parcelas pequeñas

Josep Maria Riba, residente en Ordino, ha criticado el nuevo Pla d’Urbanisme (POUP) de la parroquia, argumentando que impone cargas desproporcionadas a los propietarios de parcelas pequeñas y medianas. Mantiene que, aunque la preservación del territorio es un objetivo compartido, el plan crea desigualdades al limitar las opciones de desarrollo en ciertas parcelas.

Riba señala que los propietarios de parcelas pequeñas en zonas verdes designadas, a menudo de menos de 2.500 metros cuadrados, ahora se enfrentan a restricciones que impiden construir viviendas familiares sin condiciones precarias o sin necesidad de acuerdos con vecinos. Describe esto como un castigo a los propietarios responsables que han preservado el terreno durante décadas, rechazando las narrativas que los retratan como especuladores. En cambio, enfatiza los derechos consolidados de planificaciones anteriores, los elevados costes de infraestructuras y la pérdida de viabilidad de proyectos debido a cambios en la edificabilidad, el entorno o la factibilidad general.

El bajo número de recursos no indica aceptación, afirma Riba, atribuyendo el silencio a los costes legales, la prolongada incertidumbre y la falta de información. Advierte de que este enfoque pone en riesgo la actividad económica, los empleos y la inversión en Ordino, lo que podría impulsar iniciativas hacia parroquias vecinas con menos restricciones. El desarrollo sostenible, argumenta, requiere seguridad jurídica, criterios equitativos y confianza institucional para evitar divisiones.

Esta tensión local refleja debates nacionales más amplios sobre la política territorial. La Associació de Propietaris de Terres d’Andorra (APTA) ha pedido mayor coordinación en medio de las reformas de la LGOTU y las revisiones de POUP en las parroquias. Los líderes Josep Duró y Jordi Cerqueda abogan por un órgano técnico-político supra-parroquial con participación del Gobierno y los Comunes para ofrecer una visión unificada que aborde el crecimiento demográfico, la vivienda, las infraestructuras, el turismo y los impactos económicos. Critican las “siete visiones de Estado diferentes” derivadas de políticas parroquiales dispares, que, según ellos, generan incertidumbre jurídica y empujan a los propietarios a vender ante el aumento de la inversión extranjera, especialmente inmobiliaria.

APTA acoge con satisfacción el reciente informe consensuado de la comisión, pero busca definiciones más claras para el órgano propuesto, incluyendo aportaciones de expertos en medio ambiente y turismo. Apoyan un derecho de tanteo para utilidades públicas si está estrictamente regulado con criterios rigurosos y supervisión, expresan preocupación por el “suelo urbanizable diferenciado” que podría generar discrecionalidad, y se oponen a eliminar el suelo no consolidado. Cerqueda subraya el equilibrio constitucional entre los derechos de propiedad (artículo 27) y la vivienda (artículo 33), y urge compensaciones más allá de lo financiero para los propietarios afectados.

Los Comunes rechazan firmemente la centralización, considerando la urbanística una competencia constitucional parroquial y una “línea roja” en los cambios de la LGOTU. En un comunicado conjunto, afirman su disposición a mejorar la coordinación —citando herramientas existentes activadas en 2001 y 2022 basadas en estudios de capacidad de soporte—, pero insisten en que la proximidad permite una planificación rigurosa y adaptada a la geografía, sociedad y economía de cada parroquia. Rebatan las acusaciones de inseguridad, señalando que los marcos actuales ya proporcionan criterios compartidos.

La líder de Andorra Endavant, Carine Montaner, se alinea con los propietarios y amenaza con abandonar la comisión de estudio de la LGOTU si no se prohíbe la reclasificación a la baja —de urbanizable a no urbanizable—, considerándola una línea roja. Demòcrates y Partit Socialdemòcrata respaldan herramientas supra-parroquiales de planificación para vivienda, movilidad y recursos sin erosionar las competencias parroquiales. Rosa Gili, de Escaldes-Engordany, defiende a los Comunes como “instituciones en el terreno” y urge un debate nacional sobre el crecimiento ante el aumento de la población de 70.000-75.000 a casi 90.000 habitantes.

La asamblea anual de APTA este jueves incluirá el traspaso de liderazgo —Duró deja el cargo tras 10 años, Cerqueda toma el relevo—, con un segmento público sobre estos temas.