Sindicat d’Habitatge d’Andorra urge a inquilinos a unirse contra crisis de desahucios

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra ha hecho un llamamiento a las personas que enfrentan inseguridad residencial para que contacten con la organización, compartan sus casos y se organicen colectivamente en medio de una crisis de vivienda que se agrava.

El grupo señala un número creciente de individuos y familias que, tras años en la misma propiedad, deben ahora marcharse sin alternativas asequibles en el mercado actual. Describe situaciones que implican abusos, precios inasumibles o simplemente la falta de opciones viables para residentes de clase trabajadora. Los afectados pueden acabar quedándose temporalmente con familiares o amigos, buscando viviendas fuera de Andorra o incluso planteándose una salida definitiva del país.

El sindicato enfatiza que no todos los casos implican conflictos o mala conducta por parte de los propietarios. Las propiedades pueden recuperarse por razones legales o legítimas, pero esto revela aún así un problema estructural: la dificultad de recuperar el acceso a la vivienda una vez que se pierde. Las soluciones reales, argumenta, requieren legislación que proteja el derecho a la vivienda, más allá de simples prórrogas de contratos. El grupo aboga por regulaciones del mercado que ajusten el acceso a la vivienda al poder adquisitivo de los trabajadores, garantizando que los alquileres no consuman una parte desproporcionada de los salarios.

Aunque el Sindicat no dispone de su propio parque de viviendas y no puede proporcionar unidades individuales, ofrece escuchar, asesorar y apoyar a los afectados. Instan a contactar a quienes se ven obligados a desalojar sus hogares, viven en edificios vendidos recientemente, no pueden asumir las nuevas condiciones de alquiler o están considerando abandonar Andorra por falta de opciones. El llamamiento se dirige específicamente a los titulares de contratos de alquiler de 2022 que están próximos a vencer, animándolos a denunciar con antelación para evitar emergencias.

Al recopilar estos casos, el sindicato busca identificar patrones, detectar posibles abusos, compartir recursos y construir respuestas colectivas. Pide a familiares, vecinos y compañeros que alerten a quienes se encuentren en situaciones similares, enmarcando la inseguridad residencial no como problemas aislados, sino como un desafío político compartido. La organización colectiva, concluye, puede impulsar demandas por los derechos a la vivienda.