Propietarios andorranos finalizan contratos de alquiler para 25 familias de aquí a 2027 por caducidad de congelación de rentas

Los propietarios de dos edificios en la Avinguda Doctor Mitjavila de Andorra la Vella han notificado a todos los inquilinos que los contratos de alquiler anuales no se renovarán y deben finalizar en julio de 2027, afectando a unas 25 familias, muchas jubilados de larga duración que han vivido allí entre 30 y 50 años. Las cartas formales, enviadas en los últimos días y citando requisitos contractuales y legales, manifiestan la intención de los propietarios de no extender los arrendamientos, exigen la devolución de las llaves para finales de julio de 2027 y advierten de que cualquier continuidad requeriría al menos duplicar las rentas actuales. Los inquilinos con prórrogas de la congelación de rentas de 2019 expresan conmoción, con algunos sin explicaciones verbales ni ofertas de reubicación pese a décadas de residencia y un mantenimiento mínimo en el pasado.

Este caso sigue a la reciente venta por 11 millones de euros de un edificio de 36 apartamentos en el número 16 de la Avinguda del Fener en Escaldes-Engordany a un promotor que comercializa las unidades de forma individual a entre 4850 y 5800 euros por metro cuadrado. La mayoría de sus apartamentos de 80 a 86 metros cuadrados, ocupados principalmente por ancianos andorranos que pagan entre 200 y 900 euros mensuales desde la década de 1960, están reservados con depósitos del 10 %; quedan ocho disponibles, junto a dos locales comerciales vendidos y uno listado a 3200 euros por metro cuadrado. Los costes de renovación de las unidades obsoletas se estiman en 37.500 a 56.000 euros, con la notaría prevista para junio tras la división de la propiedad. Los inquilinos se enteraron de la venta de forma informal por rumores o la visita de un arquitecto, lo que ha motivado consultas legales ante temores de interrupciones en atención médica transfronteriza y malestar emocional por el silencio de la familia original.

Los residentes de Mitjavila, ante propuestas como subidas de 650 a más de 1000 euros mensuales —calificadas de «insoportables» por quienes tienen pensiones inferiores a 1500 euros—, describen noches en vela e incertidumbre en un mercado inmobiliario ajustado. Una inquilina de 25 años llamó a la carta una «sorpresa total»; otra con una pensión de 1300 euros resaltó alternativas casi imposibles. Fuentes señalan que los propietarios, a menudo herederos de generaciones anteriores, cambian de estrategia ante el alza de los costes de mantenimiento y bajos rendimientos.

Estos casos ponen de manifiesto una tendencia más amplia con el fin de las congelaciones de rentas, ya que los propietarios venden a promotores o terminan los arrendamientos. La ley actual permite no renovar para reformas importantes de seguridad pese a las obligaciones de cumplir contratos; un proyecto de ley parlamentario en debate —con enmiendas votadas ayer— permitiría desalojos para uso propio/familiar, reformas sustanciales o necesidades de nuevos compradores, además de topes de precios para contratos anteriores a 2012 después de 2027. El presidente del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris, Jordi Ribó, atribuye esto a presiones del mercado que favorecen las ventas sobre los alquileres, con dos casos más en curso y ocho edificios en venta. Los expertos instan a los inquilinos a buscar asesoramiento, ya que acciones previas a la aprobación podrían resultar inválidas.