CPT del Consejo de Europa inspeccionará la prisión de Andorra en 2027 ante preocupaciones sindicales por recursos
El comité europeo de prevención de torturas prevé un control periódico en Andorra para 2027, mientras los sindicatos locales alertan de escasez de personal y límites estructurales pese a una ocupación moderada y planes de ampliación.
Claves
- CPT programa visitas en 2027 a Andorra, Albania, Croacia, Islandia, Letonia, Eslovaquia, Suiza y Turquía.
- Prisión de Comella al 49% de ocupación con 74 internos, más de la mitad extranjeros y penas cortas mayoritarias.
- Sindicatos denuncian falta de personal, instalaciones inadecuadas y lentitud en la ampliación pese a compra de terreno.
- Informe CPT 2025 destaca malos tratos, impunidad policial y hacinamiento en Europa.
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa visitará Andorra en 2027 como parte de sus inspecciones periódicas, junto con Albania, Croacia, Islandia, Letonia, Eslovaquia, Suiza y Turquía. El anuncio coincide con el informe anual 2025 del CPT, publicado esta semana, que señala tendencias preocupantes en toda Europa, entre ellas nuevas alegaciones de malos tratos en centros de detención, problemas de impunidad policial y hacinamiento en prisiones.
Se invita a personas y organizaciones a remitir información relevante sobre las condiciones de las personas privadas de libertad en estos países a través de la página de contacto del CPT. El comité también podría realizar visitas ad hoc en 2027 y posponer algunas inspecciones a 2028 si fuera necesario.
El Centre Penitenciari de la Comella opera actualmente a capacidad moderada, con 74 internos en 151 plazas —una tasa de ocupación del 49 % según datos de 2025—. La población reclusa es mayoritariamente masculina, distribuida de forma equilibrada por grupos de edad, con más de la mitad extranjeros. Alrededor del 44 % cumple penas firmes, mientras que el resto está en prisión preventiva o a la espera de decisiones judiciales. Las condenas de los internos han tendido a acortarse en los últimos años.
Los sindicatos penitenciarios locales han expresado su preocupación de cara a la visita. El Sindicat del Personal Penitenciari (SPP), a través de su portavoz Francesc Pérez, ha afirmado que el centro funciona de manera profesional, pero afronta limitaciones estructurales. Dispone de recursos, personal y equipamiento insuficientes para cumplir eficazmente con sus funciones, y las instalaciones no se ajustan a las demandas actuales.
El Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA) ha secundado estos puntos, criticando la falta de dirección clara en la gestión y el avance del trabajo por «inercia». Ha destacado las instalaciones inadecuadas, la escasez de personal y las condiciones laborales poco atractivas que dificultan la contratación. El sindicato ha recordado la reciente compra de terreno colindante por parte del Gobierno para una futura ampliación, pero ha considerado que el plazo es demasiado largo. Propuso adquirir un edificio cercano para añadir módulos con mayor rapidez, una opción que no se siguió.
La formación policial se alinea con las recomendaciones del CPT sobre tolerancia cero a la violencia, e incluye protocolos de intervención, prácticas de detención digna y estándares de igualdad en los cursos iniciales, continuos y de mando. Andorra ha soportado cuatro visitas previas del CPT, todas con informes publicados.
El informe del CPT insta a los gobiernos a abordar el hacinamiento mediante revisiones de las políticas penales, alternativas a la detención y límites estrictos de capacidad. También señala problemas en regímenes de prisión preventiva y de alta seguridad, deficiencias en la atención a la salud mental, y la necesidad de un control más estricto sobre el aislamiento y los medios de sujeción.
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