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El Sindicato de la Vivienda de Andorra critica el anteproyecto de desregulación de alquileres de 2027 como favorable a los caseros y

desestabilizador, en medio de una crisis habitacional crítica con alquileres de 1.500 € para pisos pequeños que obligan a mudanzas.

Sintetizado a partir de:
Diari d'AndorraEl PeriòdicARAAltaveu

Claves

  • Sindicato califica el anteproyecto de 'descafeïnado', sin índice de precios ni registro para una desregulación controlada.
  • Familias pagan 1.500 €/mes por pisos de 50 m²; profesionales consideran exodus.
  • Fin del congelamiento de alquileres; desahucios en 90 días por burofax, sin ayudas para desplazamientos del 'hogar familiar'.
  • Asamblea genera contrapropuestas; no descarta protestas callejeras.

El Sindicato de la Vivienda de Andorra ha endurecido su crítica al anteproyecto de ley de desregulación de alquileres del Gobierno, previsto para 2027, al que califica de «descafeïnado» y advierte que favorece a los caseros sobre los inquilinos, pudiendo romper la estabilidad social en medio de los alquileres disparados.

El sindicato celebró una asamblea abierta el sábado por la tarde en el centro cultural La Llacuna, en Andorra la Vella, con la asistencia de unas 15 personas. Se excluyó a los medios para fomentar una mayor participación, dada la persistente preocupación pública por hablar abiertamente. Antes del evento, la portavoz Rebeca Bonache describió la crisis de la vivienda como «muy crítica», con familias enfrentando costes insostenibles como 1.500 € mensuales por un piso de 50 metros cuadrados. Profesionales en activo, incluidos médicos y abogados que han vivido toda su vida en Andorra, están ahora planteándose mudarse a La Seu d'Urgell o más lejos.

Bonache señaló el fin del congelamiento de alquileres del Gobierno, denominado «efecto invernadero», con los inquilinos recibiendo notificaciones de desahucio de 90 días por burofax o cartas Saig. La laguna del «hogar familiar» sigue sin abordarse: aunque los propietarios enfrentan multas que aumentan los fondos públicos, los inquilinos desplazados no reciben ninguna ayuda. Durante la reunión de la semana pasada con el jefe de Gobierno, Xavier Espot, y la ministra de Vivienda, Conxita Marsol, el sindicato planteó estas preocupaciones del mercado y recibió el anteproyecto esta semana. Aún no ha sido analizado en profundidad.

La valoración preliminar: la propuesta carece de mecanismos clave como un índice de precios de referencia y un registro de viviendas, dejando la desregulación sin control en un mercado ya desregulado. Aunque no se opone de plano a la desregulación, Bonache pidió un enfoque gradual y organizado con topes de precios para garantizar la estabilidad.

La asamblea se centró en generar contrapropuestas, con el sindicato negándose a descartar protestas callejeras u otras acciones. «No descartamos movilizaciones ni nada más», dijo Bonache, enfatizando que la presión colectiva y la organización pueden impulsar el cambio. Las autoridades no han ofrecido más respuesta.

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