Estafas y subarriendos ilegales explotan a los trabajadores temporales en Andorra

Las crisis económicas suelen crear oportunidades para operadores deshonestos. En el mercado de vivienda sobrecalentado de Andorra, algunas personas están explotando la desesperación de los trabajadores temporales ofreciendo alquileres fraudulentos o vendiendo documentos que afirman que alguien vive en un apartamento cuando no es así.

Una reciente estafa circulaba a través de WhatsApp e Instagram e implicaba a un hombre que se identificaba como Oihan López y afirmaba representar a una empresa llamada «Altorin SL». Supuestamente pedía un pago anticipado de 2250 € para reservar un apartamento en La Massana, prometía entregar las llaves tras la transferencia y se negaba a mostrar el piso en persona antes del pago. Cuando un posible inquilino se negó a pagar sin ver la propiedad, la comunicación cesó y el vendedor dijo que pasaría a otros clientes. Varios usuarios de Facebook afirman haber sido objetivo del mismo esquema, algunos durante más de un año, y han sido aconsejados para denunciar el número a la policía española por su prefijo extranjero.

El subarriendo ilegal también está muy extendido. Muchos anuncios de Facebook de habitaciones en Andorra indican explícitamente «sin certificado», lo que significa que el anunciante es un inquilino que subarrienda sin el consentimiento del propietario. Esa práctica, aunque prohibida, prolifera ante una débil aplicación de la ley y una fuerte presión del mercado. Las habitaciones suelen costar más de 400-500 € al mes, a veces sin contratos, garantías de privacidad ni derechos básicos de inquilino.

Hay informes de personas que cobran hasta 500 € específicamente por un certificado de residencia o habitabilidad aunque el trabajador no viva realmente en el piso. Una publicación en un grupo de Pas de la Casa advertía de «pseudo-propietarios» que venden tales certificados; las autoridades están investigando, según se informa, el origen y las responsabilidades de los implicados.

Los trabajadores temporales suelen suplicar cualquier lugar donde puedan registrar su domicilio. Los mensajes públicos dicen «busco habitación que dé certificado, pagaré puntualmente y me portaré bien», y algunos piden explícitamente solo ser dados de alta a cambio de dinero, una práctica que puede constituir fraude documental. La falta de familiaridad de los recién llegados con la ley andorrana y su situación vulnerable los convierten en blancos fáciles para estafas o acuerdos que no pueden formalizarse legalmente.

El problema crea un cuello de botella legal y social: sin vivienda, los trabajadores no pueden obtener un contrato de trabajo; sin contrato, no pueden conseguir un permiso de residencia. Mientras tanto, personas sin derecho legal sobre una propiedad o en situación irregular aprovechan la ansiedad de los buscadores de empleo para extraer dinero mediante prácticas abusivas.

Los trabajadores afectados tienen opciones limitadas. Las autoridades pueden perseguir conductas delictivas cuando se presenta una denuncia formal, pero muchos trabajadores temporales temen denunciar los incidentes o no saben cómo proceder. Con el mercado de vivienda formal incapaz de satisfacer la demanda, las plataformas en línea y los arreglos informales llenan el vacío y aumentan la exposición al fraude.

La situación pone de manifiesto un desafío estructural en la vivienda: mientras la oferta formal no responde a la demanda temporal, los canales digitales y los intermediarios informales ofrecen soluciones rápidas y arriesgadas que pueden costar a los inquilinos mucho más que el alquiler en sí.