Madre soltera en Andorra se enfrenta a desahucio pese a aprobación de vivienda

Una madre soltera en Andorra, residente desde hace 22 años con dos hijos andorranos, se enfrenta a un desahucio inmediato tras expirar su contrato de alquiler el 31 de diciembre de 2025, pese a haber recibido la aprobación del INH en octubre para una vivienda pública asequible que aún no se le ha asignado.

La mujer vive desde 2020 en un apartamento de tres dormitorios y dos baños en Sant Julià, que alquilaba inicialmente por 550 € mensuales —aunque algunas crónicas citan 650 €—. En agosto, el nuevo propietario le notificó la venta e intención de ocupar la propiedad personalmente a partir de principios de 2026. Ella solicitó de inmediato al Institut Nacional de l'Habitatge (INH), contactó con los ministerios de Asuntos Sociales y Vivienda, y obtuvo confirmación de su elegibilidad. Los funcionarios citaron un estricto sistema de asignación por puntos sin margen para excepciones, señalando la escasa disponibilidad, como pisos de tres dormitorios en Encamp.

Como medida provisional, Asuntos Sociales le ofreció una habitación en la residencia Arca d'Aixovall de la Cruz Roja —recién inaugurada con 36 habitaciones para hasta 68 personas en riesgo de exclusión residencial— por 720 € mensuales más 177-191 € por media pensión. Ella la rechazó por ser emocionalmente inadecuada para su hija menor de edad, optando en su lugar por que la niña viva temporalmente con su padre. Negoció una breve prórroga con el casero para gestionar la mudanza. Aunque Asuntos Sociales cubrirá su media pensión, persiste la incertidumbre sobre la elegibilidad de ayudas al alquiler para esa instalación.

La Coordinadora per un Habitatge Digne destacó el caso en redes sociales, incluyendo su testimonio en audio de que tales ventas representan la única vía legal de desahucio. El colectivo lo presenta como prueba de deficiencias sistémicas —altos alquileres privados, stock asequible insuficiente y procesos lentos— que dejan expuestas a familias elegibles. «Cuando alguien agota todas las opciones disponibles y aun así pierde su hogar, el problema no es individual sino de un sistema que no responde con urgencia», argumentó.

La organización renovó su llamamiento a no permitir desahucios sin alternativas dignas y asequibles garantizadas, destacando casos recurrentes silenciados entre grupos vulnerables como familias monoparentales. Instó a otros en situaciones similares a hacerse visibles para mayor impacto y se comprometió a seguir abogando por protecciones reales. El Gobierno no ha emitido más comentarios sobre el retraso en la asignación.