Partidos andorranos proponen enmiendas importantes a proyectos de ley de justicia, protección de datos y reforma penitenciaria

**Título:** Partidos andorranos presentan enmiendas a varios proyectos de ley sobre justicia, datos y prisiones **Resumen:** En medio del trabajo parlamentario en curso, Demòcrates y Ciutadans Compromesos (CC) impulsan un organismo dedicado a la supervisión de datos judiciales, mientras que todos los partidos mayores proponen cambios a un proyecto de reforma penitenciaria, incluidos acortamientos de las detenciones preventivas y normas más estrictas para tratamientos médicos. Avanzan por separado las negociaciones sobre sanciones a las comparecencias en comisiones de investigación parlamentarias.

**Cuerpo:** Los grupos parlamentarios han presentado numerosas enmiendas a varios proyectos de ley relacionados con la justicia que se debaten, incluidos reformas al tratamiento de datos personales en asuntos penales y normas penitenciarias, a medida que finaliza el plazo para enmiendas en textos clave.

Demòcrates y CC, partidos que apoyan al gobierno, proponen sustituir la Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA) por una nueva Comissió de Protecció de Dades Jurisdiccionals bajo el Consell Superior de la Justícia (CSJ) para supervisar el tratamiento de datos en investigaciones penales, procesos judiciales y amenazas a la seguridad pública. Esto rechaza el artículo 42 del proyecto original. CC busca una autoridad independiente con personalidad jurídica, con un miembro cada uno del CSJ, un departamento ministerial y la APDA, que nombrarían a un presidente. Demòcrates prefiere un organismo afiliado al CSJ con dos representantes del CSJ, un magistrado del Tribunal Superior, un juez del Tribunal de Corts, un batlle y un fiscal, centrado en la supervisión, sensibilización y control. CC ha presentado 82 enmiendas técnicas en un documento de 120 páginas, mientras que Demòcrates ha añadido otras. Concòrdia propone reducir la retención de datos judiciales de 30 a 10 años; Andorra Endavant no ha presentado ninguna. Las negociaciones en comisión determinarán el resultado.

Por separado, los partidos han presentado cambios a un proyecto de ley cualificado que modifica normas penitenciarias y penales. Las 11 enmiendas de Demòcrates buscan recortes más profundos en las detenciones preventivas que el borrador del gobierno, que ya acorta los plazos iniciales a un máximo de ocho meses para delitos menores (cuatro más cuatro) y hasta 20 meses para casos graves como homicidio o tráfico de drogas mediante prórrogas. Demòcrates se centra en la fase de juicio, proponiendo un máximo de tres meses para delitos menores y nueve para graves —lo que daría totales de nueve meses para menores y hasta 21 para graves—. También reduce la detención por apelación postcondena de 18 a ocho meses, exige evaluaciones multidisciplinarias para excepciones de régimen, aprobación previa de un tribunal civil para tratamientos médicos no consentidos tras audiencias judiciales, y proporcionalidad en las incautaciones de bienes.

Concòrdia ha presentado 10 enmiendas para reforzar salvaguardas legales y agilizar procedimientos ante los retrasos judiciales. Limita los tratamientos médicos forzosos a casos en que el consentimiento sea imposible de conocer o los riesgos amenacen la vida, la salud o terceros, citando informes externos sobre posibles sobremedicaciones y “contenciones farmacológicas” en la prisión. El partido defiende mantener penas de arresto en lugar de prisión para delitos como conducción bajo efectos de drogas, negativa a pruebas o hurtos para favorecer la reinserción, y permite la aplicación retroactiva si es más favorable. También simplifica los procesos disciplinarios eliminando la justificación inmediata para denegar pruebas no apelables a internos, en línea con recomendaciones del CSJ.

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha registrado 22 enmiendas, impulsando detenciones en fase de juicio aún más cortas —dos meses para delitos menores y seis para graves— y limitando las celdas de aislamiento a ocho días frente a 14, argumentando que periodos más largos socavan la disciplina y aumentan las cargas administrativas.

En paralelo, los grupos están cerca de un acuerdo sobre el reglamento del Consell General para hacer obligatorias las comparecencias en comisiones de investigación, con sanciones coercitivas leves por incomparecencia, negativa a responder o mentir —potencialmente codificadas en el Código Penal—. La oposición impulsa declaraciones de bienes para mayor transparencia, pero encuentra resistencia, aunque se discuten declaraciones de intereses. La reforma busca su aprobación este año, con un cambio en el formato de debate de orientación política previsto para finales de junio.