Sindicatos públicos andorranos recurren el reglamento de clasificación de puestos por fallos de transparencia

Los sindicatos del sector público SIPAAG y SEP han presentado un recurso administrativo contra el Reglament de Classificació i Revisió dels Llocs de Treball para la administración general del gobierno, que han entregado este lunes a las 11.00 horas en el servicio de Tràmits del Govern d'Andorra. Los líderes sindicales Salustià Chato, de SIPAAG, y Sergi Esteves, de SEP, han calificado el reglament, aprobado en marzo, como un parche superficial que no aborda las deficiencias identificadas por los tribunales, lo que pone en riesgo la arbitrariedad, la opacidad y la vulneración de derechos de los trabajadores públicos.

El desafío surge de un proceso de reclasificación de puestos que abarca 2023-2024, con algunas fuentes que señalan prórrogas hasta 2025. Los tribunales de Batllia lo declararon inválido en tres casos, por el desprecio del gobierno al Comitè Tècnic d'Organització i Gestió (CTOG), el uso de una metodología de PwC no regulada —posiblemente el modelo STRATA— sin divulgar detalles, y la validación inadecuada de los resultados. El gobierno no ha recurrido esas sentencias, pero ha limitado las soluciones a los tres litigantes el 11 de marzo, una medida que los sindicatos han calificado de injusta.

SIPAAG y SEP, como miembros de la comisión de personal de la Llei de Funció Pública, exigen la reanudación completa del proceso con total transparencia sobre los criterios de clasificación. Reclaman detalles públicos sobre la ponderación de siete u ocho factores legales y subfactores vinculados a las tablas salariales, incluido cómo se puntúan los puestos y por qué roles similares reciben niveles distintos. Los sindicatos critican la falta de audiencias previas, el derecho directo de revisión de los trabajadores y medidas objetivas para conceptos como la "complejidad", que, según dicen, permiten decisiones discrecionales y obstaculizan la supervisión sindical o judicial.

Respaldados por más de 150 firmas de funcionarios, el recurso sigue al aumento de solicitudes de revisión: informes iniciales señalaban 60 trabajadores que usaban asesoría legal sindical, mientras SIPAAG reportaba 166 presentaciones o previstas a finales de marzo mediante una plantilla estandarizada. El descontento surgió de septiembre a diciembre, pero los sindicatos esperaron la aprobación del reglament, que ignoró sus enmiendas propuestas, aportaciones en múltiples reuniones y hasta cuatro informes sobre bases salariales.

Los sindicatos piden la anulación total del reglament, o al menos de sus artículos más problemáticos, más su suspensión a la espera de un nuevo marco objetivo. Insisten en que el problema radica en la equidad procedimental, no en subidas salariales, equiparándolo a conocer las "reglas del juego" de antemano. Chato ha destacado las carencias de transparencia y las lagunas en la defensa de los trabajadores; Esteves, los déficits persistentes pese a las advertencias repetidas a la administración.

El ministro de Función Pública, Marc Rossell, ha indicado que el gobierno evalúa las solicitudes de revisión de forma individual, tanto técnica como legalmente. La mayoría provienen del proceso de 2023, aunque algunas son nuevas de trabajadores que no solicitaron inicialmente. No se ha delineado ninguna solución más amplia. Si el recurso falla, los sindicatos han advertido de acciones en los tribunales de Batllia.