Volver al inicio
Política·

Comisión de Economía de Andorra rechaza la mayoría de enmiendas de la oposición al proyecto de desintervención de alquileres

El proyecto del Gobierno para acabar progresivamente con las prórrogas obligatorias de contratos avanza tras descartar la mayoría de propuestas opositoras. Dos enmiendas pendientes en medio de tensiones por la crisis de vivienda.

Claves

  • La Comisión de Economía del Consell General rechazó casi todas las 43 enmiendas de la oposición, avanzando el proyecto con cambios mínimos.
  • Oposición (Concòrdia, PS, AE) votará en contra en el pleno por falta de diálogo.
  • El proyecto acaba con prórrogas desde 2019 para ~20.000 contratos (2027-2030) y limita subidas al 1-6% más IPC.
  • Espot defiende el equilibrio; servicios sociales reportan +35,4% casos vivienda en 2025 (264).

La Comisión de Economía del Consell General ha rechazado casi todas las 43 enmiendas propuestas por los grupos de la oposición al proyecto de ley del Gobierno sobre la desintervención progresiva de los contratos de alquiler, allanando el camino para su aprobación con cambios mínimos.

Demòcrates per Andorra (DA), junto con Ciutadans Compromesos (CC), votaron en contra de las propuestas de Concòrdia, el Partit Socialdemòcrata (PS) y Andorra Endavant (AE). Los partidos de la oposición expresaron su frustración, acusando a la mayoría de tratar el texto como definitivo antes de que concluyera el debate parlamentario. Concòrdia describió el proceso como unilateral y falto de diálogo sobre una preocupación clave para los ciudadanos. El PS destacó el rechazo sistemático de las aportaciones a pesar de las llamadas a presentar propuestas, optando por la imposición en lugar del consenso. AE lo calificó de grave falta de respeto institucional que socava el trabajo parlamentario.

Quedan pendientes dos enmiendas de cara a la próxima reunión de la Comisión de Economía del jueves: la del PS sobre el mecanismo de la "trampa del fill" y la de AE para impedir que los no residentes usen alquileres residenciales para actividades comerciales. La mayoría las está revisando, pero espera pocos cambios en general.

El jefe de Gobierno, Xavier Espot, defendió el proyecto de ley el viernes en la inauguración de Andoflora, llamándolo protector y equilibrado. Reconoció que los inquilinos con contratos de 2022 —que expiran en 2027— son el grupo más expuesto, no cubierto específicamente, pero señaló que medidas ejecutivas como acciones regulatorias podrían limitar subidas excesivas de alquileres en las renovaciones. Espot acusó a los grupos de la oposición de instrumentalizar los debates sobre vivienda y de carecer de voluntad de diálogo, señalando sus enmiendas totales como prueba de una limitada disposición a negociar.

La ley pone fin a las prórrogas obligatorias vigentes desde 2019, que afectan a unos 20.000 contratos entre 2027 y 2030. Establece incrementos anuales del 1-6% en función de los precios por metro cuadrado, más el IPC (con ejemplos asumiendo una inflación del 2,5%). Tras la transición, los propietarios podrán renovar o cambiar inquilinos con seis meses de preaviso.

Los partidos de la oposición —Concòrdia, PS y AE— han anunciado que votarán en contra del proyecto de ley en la sesión plenaria. PS y Concòrdia reiteraron sus planes de oposición, citando incertidumbres sin resolver en medio de la crisis de vivienda.

Las reacciones de los agentes implicados ponen de manifiesto las divisiones. El presidente de la Associació de Propietaris de Béns i Immobles (APBI), Jordi Marticella, argumentó que traslada las obligaciones sociales del Estado a los propietarios, generando inseguridad jurídica; el FMI advierte de forma similar contra la intervención directa en el mercado, favoreciendo ayudas focalizadas. El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) se reunió con DA y CC tras la protesta del 16 de mayo, exigiendo garantías reales contra subidas abusivas, desalojos silenciosos y vulnerabilidades de los contratos posteriores a 2021, además de contratos indefinidos y un índice de precios de referencia. El SHA advirtió de una creciente presión social si prevalece la especulación.

La mayoría de DA asegura su aprobación, aunque Espot enfatizó el viernes la necesidad de un equilibrio sin perjuicios para ninguna de las partes. El proyecto avanza en medio de tensiones crecientes por la vivienda, con los servicios sociales reportando un aumento del 35,4% en los casos de 2025 hasta 264.

Comparte el articulo en

Articulos relacionados

Otros articulos de fuentes en catalan sobre la misma historia: