Los socialdemócratas andorranos interpelan al Govern sobre la seguridad y el coste de la cartera digital

El grupo parlamentario socialdemócrata ha presentado quince preguntas escritas al Govern sobre la cartera digital de Andorra, instando al ejecutivo a pronunciarse sobre su seguridad, protección de datos, reconocimiento internacional y coste. La iniciativa, registrada por la consejera general Laia Moliné, busca determinar si la aplicación ofrece garantías suficientes para la gestión de documentos oficiales y qué calendario ha fijado el Govern para resolver las limitaciones que afectan a su uso.

Una de las principales líneas de interpelación se refiere al reconocimiento de la cartera más allá de Andorra. Moliné pregunta cuándo será interoperable con los sistemas de identidad digital de la Unión Europea y qué gestiones se han realizado concretamente con España y Francia para lograr la aceptación de los documentos andorranos. También pregunta si la tecnología actual es compatible con los estándares europeos o si habrá que sustituirla total o parcialmente, cuánto costaría esa adaptación y si esa eventualidad se contempló cuando se diseñó y adjudicó el proyecto.

La protección de datos y el control público de la herramienta constituyen un segundo bloque. La consejera quiere que el Govern confirme si la aplicación utiliza servicios de Google como Firebase y Crashlytics y si transmite información a los servidores de la compañía. En caso afirmativo, pregunta qué datos se comparten, con qué finalidad y sobre qué base legal, dónde se almacenan y durante cuánto tiempo. Los socialdemócratas también quieren saber si se ha realizado una evaluación de impacto en la protección de datos y si se ha consultado a la Agencia Andorrana de Protección de Datos, incluso sobre posibles transferencias internacionales de información.

En materia de gestión técnica, Moliné pregunta si el código fuente o la documentación técnica se encuentra en repositorios de GitHub vinculados a cuentas personales de empleados o personal de las empresas contratadas. Pregunta además quién ostenta la titularidad y los derechos de acceso y administración, y qué garantías aseguran que la Administración mantiene un control efectivo de la aplicación y la continuidad del servicio.

Las preguntas abarcan las auditorías de ciberseguridad realizadas, las entidades responsables y las deficiencias detectadas y corregidas. También abordan cuestiones prácticas para los usuarios: en qué casos no se acepta la tarjeta sanitaria CASS incorporada en la cartera, por qué los documentos renovados no se actualizan automáticamente y por qué se utiliza la fotografía del pasaporte para todas las tarjetas. Moliné pide explicaciones sobre la aparición de fechas de caducidad de la ITV en vehículos exentos de la inspección, y pregunta si esa discrepancia podría dar lugar a errores o sanciones indebidas y qué medidas se prevén para corregirlo.

También solicita el número de quejas e incidencias registradas desde el lanzamiento de la aplicación y las actuaciones adoptadas para resolverlas. Por último, la consejera pide un desglose del coste total de la cartera, con la relación de empresas participantes, adjudicaciones, partidas presupuestarias y pagos anuales, junto con el presupuesto previsto para los próximos años.

Para los socialdemócratas, la digitalización de los servicios públicos debe simplificar los trámites y generar confianza ciudadana. Sostienen que ello exige documentos actualizados y aceptados, información administrativa precisa, garantías sobre los datos personales y transparencia en el uso de los recursos públicos.