Aliados de BPA exigen documentos de EE UU en investigación del escándalo de Banco de Andorra

Los asociados de BPA ven en la actual convergencia de procesos judiciales y el interés regulatorio de EE UU una oportunidad ideal para descubrir documentos clave que exponen una presunta manipulación en torno al aviso de FinCEN que llevó a la intervención del banco andorrano.

Desarrollos recientes, como la reapertura del juicio en el caso Pujol, el testimonio del comisario español retirado José Manuel Villarejo ante la Batllia de Andorra hace varias semanas y señales de las autoridades estadounidenses para aclarar situaciones opacas, han impulsado acciones políticas y judiciales coordinadas. El entorno de BPA cree que estos esfuerzos podrían al fin arrojar pruebas sobre información compartida desde España —o en menor medida, Andorra— con instituciones estadounidenses.

En España, el grupo parlamentario Junts en el Congreso de los Diputados ha iniciado solicitudes a través de canales parlamentarios. Mientras tanto, en Andorra, el Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA), actuando como acusación popular en el llamado caso Rajoy, ha presentado nuevas peticiones al batlle instructor en la supuesta agresión a la soberanía andorrana.

Ambas iniciativas van dirigidas a Sepblac, el organismo español contra el blanqueo de capitales, que jugó un papel central en el caso BPA y en el relacionado con Pujol. Buscan todos los documentos, correos o registros enviados por Sepblac a FinCEN u otras agencias estadounidenses como el FBI y la DEA que mencionen BPA o casos citados en el aviso. También se insta a la Batllia a emitir una carta rogatoria directamente a FinCEN para obtener su expediente completo sobre asuntos relacionados con BPA.

Estas demandas ganan peso adicional por una pasada aparición televisiva del entonces comandante de la Guardia Civil Basilio Sánchez Portillo, quien afirmó haber suministrado información a FinCEN en medio de la resistencia de las instituciones españolas al auge del independentismo catalán, lo que alimenta sospechas de una operación premeditada.

Las solicitudes más amplias incluyen comunicaciones sobre la llamada «policía patriótica» a través de la comisión congressional española, así como intercambios entre la UIFAnd de Andorra y FinCEN. La investigación parlamentaria se extiende más allá de BPA a Jordi Pujol y otras figuras políticas catalanas. Las autoridades no han confirmado aún respuestas a estas peticiones.