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Politica·

Trabajadores de Alt Urgell celebran la recuperación del servicio de ayuda a domicilio por el Consejo Comarcal

Los empleados del SAD en Alt Urgell aplauden el paso del consejo a la gestión pública directa vía Iausa como una victoria sindical histórica que pone fin a años de externalización.

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Bon Dia

Claves

  • El consejo comarcal formalizó la entrega a la empresa pública Iausa, acabando con la externalización privada desde 2019.
  • El sindicato luchó contra empresas como Suport Assistencial, multada por infracciones y deudora de miles de euros a trabajadores.
  • El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó que las prácticas privadas vulneraban derechos; el cambio a SUMAR en 2022 no resolvió los problemas.
  • Los trabajadores ofrecen su experiencia para mejorar la calidad asistencial e instan a que sirva de precedente para el control público.

Los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Alt Urgell han dado la bienvenida a la decisión del consejo comarcal de asumir la gestión pública directa del servicio, que describen como un logro único en Cataluña.

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell formalizó la entrega a la empresa pública Iausa durante una sesión plenaria extraordinaria el jueves, poniendo fin a años de externalización privada a la que los trabajadores se habían opuesto durante mucho tiempo. El personal, a través del sindicato SAD, calificó el proceso de "duro" pero valioso, y lo presentó como una "referencia nacional y autonómica de victoria sindical y social".

Esperan que este paso sirva de precedente para que otros municipios recuperen el control de los servicios públicos de manos de empresas privadas motivadas por el lucro, limitándolas solo a contratos privados. Los trabajadores ofrecieron su colaboración activa para perfeccionar la gestión directa, instando a los responsables a aprovechar su "amplio y experto" conocimiento de primera línea para mejorar la calidad de la atención y evitar errores del pasado.

El conflicto comenzó en 2019, cuando el servicio pasó a manos privadas. El contrato inicial recayó en Suport Assistencial, una empresa sancionada en varias ocasiones por la Inspección de Trabajo, con quejas de trabajadores y demandas sindicales. Aún debe decenas de miles de euros al personal, según el sindicato.

Esto supuso un punto de inflexión que impulsó a los trabajadores a organizarse y denunciar irregularidades ante las autoridades. Los esfuerzos sindicales lograron la reincorporación de empleados despedidos y pusieron de manifiesto cómo la gestión privada había deteriorado la calidad del servicio. Posteriormente, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña halló violaciones de derechos fundamentales en las prácticas laborales del servicio.

En 2022, el consejo cambió a SUMAR, subrogando a los trabajadores, pero los problemas persistieron en el modelo externalizado. El año pasado rechazó una nueva cesión al Consorci de Salut i Social y optó por el control interno vía Iausa.

El sindicato elogió la campaña sostenida del personal desde el primer concurso, al tiempo que señaló que trabajadores y usuarios habían sufrido por fallos administrativos prolongados.

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Fuentes originales

Este articulo se agrego a partir de las siguientes fuentes en catalan: