Andorra aprueba tasas por servicios policiales especiales

El Consejo de Ministros de Andorra ha aprobado un reglamento que establece precios públicos para servicios policiales especiales solicitados por particulares o empresas, distintos de las funciones policiales urgentes o esenciales. La medida, propuesta por la ministra de Justicia e Interior Ester Molné, se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA) el miércoles y entra en vigor el 11 de febrero de 2026. Las tarifas se ajustarán anualmente según las variaciones del índice de precios al consumo (IPC), al igual que las tasas actualizadas del servicio de bomberos publicadas esta semana.

El portavoz del Gobierno, Guillem Casal, detalló las tarifas en una rueda de prensa tras la reunión. Las tarifas por hora de personal incluyen 49,50 € para oficiales de mando de escala ejecutiva o superior, 43,50 € para oficiales de escala intermedia, 37,50 € para agentes especialistas de nivel IV y 35 € para agentes estándar. Los vehículos, motos o puestos móviles de mando (PMA) se facturan a 50 € por unidad.

Para operaciones aéreas, el helicóptero bimotor (tipo 1) cuesta 6394,38 € por hora, mientras que el monomotor cuesta 3436,43 €. Una información mencionaba una cifra superior de 6935 € para el helicóptero bimotor, pero los detalles oficiales confirman 6394,38 €.

Casal citó escenarios habituales ahora facturables, como la seguridad preventiva en eventos deportivos o culturales, escoltas para transportes urbanos especiales y recogida y destrucción de sustancias explosivas. Enfatizó que en eventos privados que requieran presencia policial, los solicitantes deben cubrir los costes a la administración pública en lugar de cargar a los contribuyentes.

El reglamento aplica el artículo 10 de la Ley Cualificada del Cuerpo de Policía, modificada por la ley de presupuestos de 2025 para permitir tales cobros. Aunque la legislación anterior permitía la facturación, la falta de tarifas establecidas implicaba que los servicios no se cobraban. Los responsables describieron el paso como un refuerzo de la seguridad jurídica y una garantía de que las solicitudes extraordinarias no recaigan sobre el público general.