Las autoridades judiciales confirman la necesidad de un órgano autónomo contra la corrupción según la Convención de Mérida, en línea

Las autoridades de Justicia de Andorra han confirmado que el país debe crear un organismo independiente para prevenir y combatir la corrupción, en línea con las obligaciones de la Convención de Mérida.

La Administración Interior ha expuesto este requisito en declaraciones recientes, destacando que el órgano especializado identificará riesgos y abordará problemas en todas las instituciones públicas. Su autonomía es esencial para cumplir los compromisos internacionales de Andorra, que se vuelven vinculantes tras la ratificación de la convención.

La medida se alinea con la planificación fiscal para 2026, cuando el gasto en personal parroquial aumentará más del doble de la tasa de inflación. Los responsables han subrayado la importancia del organismo para una supervisión mejorada, aunque su organización, financiación y calendario de lanzamiento siguen en discusión.

Helena Anillo abordó el tema en su columna de Altaveu el 8 de febrero de 2026, presentándolo como un paso esencial para satisfacer los requisitos de la convención. Describió la entidad como «un órgano sin corrupción» destinado a combatir un «flagelo» persistente.

Sus columnas posteriores del 9 y 10 de febrero se centraron en otros asuntos locales, como los planes de revitalización de la Plaça de l'Església en Escaldes-Engordany y el aumento de los precios inmobiliarios en medio de un duplicado de transacciones inmobiliarias extranjeras en 2025.

No han surgido más detalles sobre posibles líderes, funciones exactas o estrategia de ejecución. El proyecto refleja el impulso de Andorra para mantener los estándares internacionales en materia de transparencia.