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Politica·

Andorra Endavant recurrirá ante el Tribunal Constitucional el secretismo del Gobierno sobre los préstamos blandos de la Covid

y condiciones de los préstamos blandos avalados públicamente durante la Covid, alegando el derecho ciudadano a la transparencia.

Sintetizado a partir de:
Diari d'AndorraBon DiaAltaveu

Claves

  • Andorra Endavant busca lista de empresas beneficiarias, importes de préstamos y condiciones de garantía retenidas por el Gobierno.
  • Préstamos blandos avalados públicamente para ayudar a empresas durante la Covid.
  • Recurso bajo el artículo 95 de la Ley Qualificada del Tribunal Constitucional en 15 días.
  • El caso prueba la transparencia de fondos públicos y estándares democráticos en Andorra.

El grupo parlamentario Andorra Endavant, liderado por Carine Montaner, impugnará ante el Tribunal Constitucional la negativa del Gobierno a divulgar detalles de los préstamos blandos de la era Covid.

La iniciativa sigue a una respuesta insatisfactoria del Ministerio de Finanzas el 12 de enero de 2026 a la solicitud de protección presentada por el grupo ante el síndico general. Andorra Endavant solicitó una lista de las empresas beneficiarias, los importes concedidos y las condiciones de garantía de estos fondos avalados públicamente, información que el Ejecutivo ha retenido a pesar de su dependencia de recursos públicos.

En un comunicado, el grupo enfatizó que los préstamos blandos, destinados a ayudar a las empresas a superar la pandemia, representan garantías públicas financiadas por los ciudadanos y capaces de afectar las finanzas estatales actuales y futuras. Argumentaron que estos detalles no pueden tratarse como un asunto privado entre el Gobierno y los receptores.

Basándose en el artículo 95 de la Ley Qualificada del Tribunal Constitucional, Andorra Endavant prevé presentar un recurso y solicitud de protección constitucional dentro del plazo de 15 días. La acción busca restablecer el derecho de los ciudadanos a la información y probar la legalidad de mantener en secreto los nombres de los beneficiarios, las cantidades de los préstamos y sus condiciones.

El grupo enmarcó el caso como una prueba de los estándares democráticos de Andorra, encomendando al tribunal que determine si el público tiene derecho a saber cómo se distribuyeron estos fondos avalados por el Gobierno o si el secretismo del Ejecutivo se ajusta a la ley. Posicionaron la disputa como algo que trasciende la política partidista, anclada en cambio en el principio fundamental de la transparencia sobre el dinero público que pertenece a los ciudadanos.

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