Andorra nombra a Laura Camps Solà secretaria de Economía, Trabajo y Vivienda

El jefe de Gobierno andorrano, Xavier Espot, ha nombrado a Laura Camps Solà, de 39 años, secretaria de Estado de Economía, Trabajo y Vivienda, y ha elogiado su formación jurídica y experiencia en la administración pública como activos clave para implementar políticas importantes en la recta final legislativa del gobierno.

Camps tomó posesión el jueves por la mañana, en sustitución de Jordi Puy, que asumirá la jefatura del gabinete del gobierno la próxima semana. Anteriormente secretaria general del comú de La Massana y coordinadora de servicios jurídicos en Andorra la Vella, supervisará la coordinación estratégica de los esfuerzos en materia económica, laboral y de vivienda dentro del departamento de la ministra Conxita Marsol.

Durante la ceremonia, a la que asistieron la pareja de Camps, sus padres, su hermano, Marsol, el secretario de Estado Marc Saura y la secretaria general del gobierno Ester Fenoll, Camps se comprometió a impulsar un crecimiento económico sostenible y diversificado, a fortalecer las relaciones laborales y a consolidar las políticas de vivienda.

Espot destacó su trayectoria institucional como un perfil «particularmente idóneo» para el cargo. «Hoy es un día importante no solo para Laura y su familia, sino para el gobierno y el país», dijo, agradeciendo su compromiso en esta etapa final. «No es fácil dar este paso, particularmente cuando el período restante no es tan amplio como un mandato completo de cuatro años», señaló, añadiendo que ello ponía de manifiesto su dedicación al servicio público y su patriotismo.

Enumeró las prioridades urgentes por delante, entre ellas ampliar el parque de vivienda pública —con unas 500 unidades asequibles previstas para finales de legislatura—, el programa de avales para compradores primerizos, que aprobó sus siete primeros casos el miércoles, reformas del sistema de inversión extranjera, la aplicación de estándares internacionales de gobierno corporativo, el impulso a la negociación colectiva en materia laboral y la reducción de la burocracia, especialmente en el comercio. Espot también mencionó incentivos para proyectos de alquiler público-privados para paliar la escasez.

El jefe de Gobierno enmarcó la vivienda como un derecho constitucional y prioridad central, y describió las recientes medidas estructurales como un «cambio de magnitud» respecto a enfoques anteriores. Estas buscan establecer una política pública perdurable para la estabilidad del mercado y la seguridad jurídica, en lugar de soluciones temporales. «Debemos construir juntos una política de vivienda pública que aporte estabilidad al mercado y seguridad jurídica a los ciudadanos en un tema tan sensible», afirmó.

Con «muchos retos en pocos meses», Espot expresó su confianza en la capacidad de Camps para afrontarlos «con profesionalidad, compromiso con el servicio público e inteligencia».