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Politica·

El Gobierno de Andorra rechaza la comisión tripartita para paralizar las torres de Escaldes

El ministro Guillem Casal insiste en que las parroquias controlan la mayor parte de las competencias urbanísticas y que Escaldes-Engordany tenía herramientas para limitar las actuaciones desde hace seis años, mientras la alcaldesa Rosa Gili culpa derechos heredados y busca supervisión conjunta.

Sintetizado a partir de:
AltaveuARADiari d'Andorra

Claves

  • El Gobierno afirma que la alcaldesa de Escaldes tuvo 6 años para revisar planes locales pero no actuó.
  • Las parroquias controlan el 80-90% del urbanismo; ejemplos de otras parroquias muestran reducciones posibles.
  • La alcaldesa Gili culpa derechos heredados de modificaciones al plan de 2018 y busca comisión conjunta para aprobaciones gubernamentales.
  • El rechazo sigue a la oposición del Consell General, en medio de tensiones electorales y protestas ciudadanas.

El Gobierno de Andorra ha rechazado de forma contundente la petición de la alcaldesa de Escaldes-Engordany, Rosa Gili, de crear una comisión tripartita con el comú parroquial, el Ejecutivo y el Consell General para detener los nuevos desarrollos de torres en la zona de Clot d'Emprivat.

El portavoz del Gobierno y ministro Guillem Casal dejó clara la negativa en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros del jueves. Argumentó que las competencias en urbanismo están «claramente definidas», con un 80% a 90% en manos de las parroquias a través de sus planes locales y el resto en el Gobierno central. Casal dijo que Gili ha tenido durante seis años las herramientas para ajustar volúmenes y distribuciones de edificaciones en la zona, pero no las ha utilizado. «Ha tenido seis años para impulsar estos cambios y ha elegido no hacerlo», afirmó, acusándola de buscar ahora competencias que previamente cedió.

Casal citó ejemplos de La Massana, Canillo y Ordino, donde las parroquias han revisado planes para reducir alturas, volúmenes y edificabilidad con la legislación actual. «Con la misma legislación, ella también podría hacerlo», añadió. Insistió en que las instituciones deben ceñirse a sus roles sin crear nuevos organismos superpuestos. «Todos deben ejecutar las competencias que les corresponden».

La postura del Gobierno llega tras la oposición de la mayoría de consellers el miércoles, dejando a Gili aislada. En respuesta, ese mismo día tras la última sesión del año de su comú, Gili replicó a las acusaciones que achacan la responsabilidad a su administración. Calificó tales afirmaciones de «ignorancia» o un intento de despistar, señalando que, aunque las parroquias gestionan el urbanismo, el Gobierno también aprueba proyectos, precisamente por lo que propuso la comisión conjunta.

Gili subrayó que su equipo heredó la situación, con derechos ya concedidos en un mandato anterior cuando se modificó el POUP en 2018. «Las torres nunca nos han gustado; encontramos derechos ya otorgados», dijo, aludiendo a Demòcrates y los esfuerzos desde que asumieron para limitar el impacto y detener nuevas construcciones. Sugirió que el pase de culpas se debe a las elecciones, en las que Escaldes será clave, y enmarcó su iniciativa como visión de futuro para las próximas generaciones, citando las recientes protestas ciudadanas contra las torres. «Si está tan claro que no las quieren, debemos actuar».

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