Andorra admite retrasos en casi 50 reglamentos necesarios para leyes desde 2019

El Gobierno andorrano ha admitido retrasos en el desarrollo de casi 50 reglamentos requeridos para implementar leyes aprobadas desde 2019, con más de 40 que superan sus plazos originales. En una respuesta hecha pública el miércoles, el jefe de Gobierno, Xavier Espot, detalló el backlog a la consellera general socialdemócrata Susanna Vela, que preside el grupo parlamentario de su partido y ha reclamado repetidamente un desglose ministerio por ministerio con plazos para tramitación, aprobación y publicación.

Around 30 regulations are targeted for approval this year, a dozen for 2027, and several others lack dates as they will be replaced by new laws. One tally identifies 44 items from the 2019-2023 legislature. The Justice and Interior ministry tops the list with 13 pending rules, including noise level standards for public tranquility from a 2021 law, now due in the first quarter of 2027; asset seizure procedures and civil protection measures, both set for December 2026; and three linked to the 2022 qualified law on persons and family, originally required by February 2023 but overtaken by the forthcoming Civil Registry law, whose legislative process began this week in the Justice, Interior, and Institutional Affairs commission.

El ministerio de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda reporta unos 10 asuntos pendientes. Reglamentos para la comisión de esports, nómadas digitales y valoraciones inmobiliarias se posponen a 2027, mientras que los de coliving y estaciones de montaña están previstos para este año. Objetivos a corto plazo incluyen enmiendas al impuesto de sociedades, disposiciones sobre carrera diplomática —finalizadas pero pendientes de revisión por la comisión de personal pese al plazo de marzo de 2020— y verificaciones de antecedentes penales para delitos contra la protección infantil, previstas para abril o la primera mitad de 2026. Prioridades para la segunda mitad abarcan equipamiento para prevenir la victimización secundaria, cuidados residenciales, registros de investigación biomédica y formación continua.

La protección civil necesita hasta ocho reglamentos para finales de 2026, con retrasos en asuntos sociales, vivienda, sanidad y medio ambiente que se extienden también a 2027. Algunos textos están en fase avanzada de redacción; otros esperan nuevas agencias o alineación internacional. Casos más antiguos incluyen normas del sistema educativo de una ley de 2018, ahora gestionadas por normas inferiores en medio de una revisión en curso, y seis reglamentos sobre derechos infantiles de una ley de febrero de 2019 —previstos para marzo de 2020—, con uno previsto para el mes que viene tras revisión lingüística y el resto para finales de 2026 o 2027. Un reglamento sobre activos blockchain está proyectado para finales de 2027.

Vela advirtió de que los retrasos generan incertidumbre jurídica, ya que las leyes suelen delegar procedimientos clave en reglamentos, dejando derechos y deberes poco claros. Abogó por desarrollar reglamentos en paralelo durante la redacción de leyes o por leyes más autocontenidas, citando las normas de derechos infantiles —donde «los niños han crecido esperando»— y lagunas en seguridad de estaciones de montaña desde junio de 2023. Consideró estos problemas lo bastante vitales como para merecer recursos, y señaló que los reglamentos de personas y familia ya no avanzarán por la reforma del Registro Civil.