El Gobierno exime a familiares de presentar certificado de residencia firmado por el arrendador

El Gobierno ha modificado las regulaciones del Servicio de Inmigración para eliminar la obligación de que ciertos familiares presenten un certificado de residencia firmado por el arrendador al solicitar un permiso de residencia. El cambio, anunciado por el portavoz del Gobierno Guillem Casal tras el Consejo de Ministros, exime a cónyuges, parejas registradas y parientes en primer grado del titular de un contrato de alquiler de ese requisito.

Hasta ahora, la norma exigía que todos los solicitantes presentaran la autorización del propietario para regularizar su residencia. La modificación se produjo a raíz de casos repetidos en los que algunos propietarios se negaron a firmar el documento, lo que generó bloqueos administrativos para las personas que buscaban autorización de residencia. El Ministerio de Justicia y el Servicio de Inmigración consideraron que los incidentes justificaban un cambio regulatorio específico, aunque las autoridades indican que no disponen de cifras precisas sobre el número de casos afectados.

Casal subrayó que el certificado servía únicamente para acreditar la residencia y que el objetivo original de la norma era mejorar los controles de los alquileres y prevenir el hacinamiento, no generar burocracia innecesaria. La enmienda busca simplificar y agilizar el proceso de acreditación para familiares y parejas, manteniendo intactos los objetivos generales de la regulación.

Ante la pregunta de si los propietarios podrían haber retenido las firmas para presionar a los inquilinos a renovar contratos o subir rentas, el portavoz indicó que no hay evidencia clara de que tales motivos fueran generalizados. El Gobierno describió el cambio como puntual y proporcionado, diseñado para garantizar que la negativa de un propietario no impida a los solicitantes elegibles completar sus trámites de inmigración.

Los comentaristas señalan que la medida resuelve un problema práctico inmediato, pero también pone de manifiesto un problema más profundo: en un mercado de alquiler tenso, incluso requisitos administrativos menores pueden convertirse en obstáculos para acceder a servicios públicos básicos, y la falta de datos detallados dificulta evaluar la verdadera magnitud del problema.