El presupuesto de Andorra para 2026 aumenta las pensiones bajas en medio de preocupaciones por vivienda y atención a mayores
La Federación de Asociaciones de Mayores elogia las subidas escalonadas de pensiones para los de menores ingresos pero advierte de escasez de vivienda, carencias en residencias y el descongelamiento inminente.
Claves
- Pensiones por debajo del salario mínimo de 1.525 € suben un 5,4 % (doble de la inflación), retroactivo desde el 1 de enero; tramos superiores reciben menos o nada.
- La federación de mayores pide 5 M€ extra al Fondo de Jubilación y cotizaciones más altas, rechazado por el Gobierno.
- Sin nuevas residencias; ampliaciones limitadas de vivienda pública ante riesgos del descongelamiento de alquileres en 2027.
- Jóvenes y políticos critican la crisis de vivienda que impide la emancipación y provoca fuga de talento.
Fèlix Zapatero, presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores, ha dado la bienvenida a los aumentos escalonados de pensiones detallados en el presupuesto de Andorra para 2026, aprobado esta semana, al tiempo que plantea preocupaciones por las presiones de la vivienda y la capacidad insuficiente de residencias para jubilados de cara al fin de la congelación de alquileres en 2027.
El presupuesto introduce subidas escalonadas para las pensiones más bajas, cumpliendo una demanda clave que la federación planteó al jefe de Gobierno el pasado octubre durante la Festa Magna. Las pensiones de jubilación y viudedad por debajo del salario mínimo de 1.525 € subirán un 5,4 % —el doble del 2,7 % de inflación de 2025— con efectos retroactivos desde el 1 de enero, a la espera de la firma definitiva. Las que están entre una y dos veces el salario mínimo recibirán un 2,7 % equivalente a la inflación; entre dos y tres veces, el 25 % de la inflación; y las superiores a tres veces se mantienen congeladas.
Zapatero describió la medida como «generosa» para los de menores ingresos, señalando que las pensiones altas —que tienen solo 80-90 personas— afectan a pocos y suelen complementarse con pensiones extranjeras de países como España, Francia o Portugal. Advirtió contra promedios engañosos: la pensión media de 1.200 € refleja periodos de cotización más cortos para los llegados tarde, como los que empezaron a trabajar en Andorra a los 40 años, frente a los locales desde los 18. Para 35-40 años de cotizaciones, las medias alcanzan 1.300-1.400 €.
La federación sigue pidiendo un refuerzo de 5 millones de euros al Fondo de Reserva de Jubilación de 2.000 millones, una práctica en España y Francia, aunque el Gobierno lo rechazó alegando fondos suficientes. Zapatero destacó la paralización del aumento de las tasas de cotización —actualmente el 22 % frente al 40 % en el extranjero— como esencial para combatir el riesgo de pobreza del 22 % entre los mayores, instando a un consenso parlamentario pese a la cautela preelectoral.
Las dificultades de vivienda agravan los riesgos, sin nuevas residencias en marcha y con una expansión lenta de plazas públicas o subvencionadas. El descongelamiento de alquileres de 2027, aunque regulado, amenaza a los inquilinos ante el escaso stock asequible. Las medidas gubernamentales incluyen contactar a 800 propietarios de pisos turísticos para convertirlos en alquileres, más nueva vivienda pública: 70 unidades en Arinsal este febrero, avances lentos en Pessebre en Escaldes-Engordany, unidades en Canillo, 18 pisos rehabilitados en Andorra la Vella vía Reviu, y vivienda tutelada en Sant Julià por Fundació Laurus. Zapatero las calificó de positivas pero de escala pequeña frente al volumen total del mercado.
Los líderes juveniles hacen eco de las tensiones de vivienda que provocan la «fuga de talento». Lisa Cruz, presidenta del Fórum de la Joventut, dijo que la emancipación es «prácticamente imposible» por los altos costes que limitan el ahorro y la estabilidad, con programas gubernamentales orientados a familias o altos ingresos. «Es más fácil encontrar un futuro fuera de Andorra», añadió, pidiendo mejores datos y protecciones sociales.
Las voces políticas coinciden. La concejala del PS Laia Moliné juzgó inviables los avales para jóvenes sin colchón para compras o alquileres, urgiendo una ley integral de vivienda, índice de precios y medidas antiespeculación: «Andorra expulsa a los jóvenes». Carine Montaner, de Andorra Endavant, propuso viviendas modulares en suelo público priorizando a jóvenes andorranos, profesionales y emprendedores para fomentar raíces y intercambio de ideas. Clara Grau, de Concòrdia, vio los problemas juveniles como reflejo de vulnerabilidades más amplias, abogando por una fuerte inversión en vivienda pública y límites a la inversión extranjera para frenar la especulación y favorecer retornos tras los estudios. Todos criticaron los programas de avales como inadecuados para los jóvenes.
Fuentes originales
Este articulo se agrego a partir de las siguientes fuentes en catalan: