El TEDH cuestiona la imparcialidad del Tribunal de Corts de Andorra por exfiscales

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 1982 ha suscitado dudas sobre la imparcialidad del Tribunal de Corts de Andorra, en particular por la presencia del exfiscal general del Estado Alfons Alberca entre sus magistrados.

Alberca, que fue fiscal general durante 12 años antes de incorporarse al tribunal —el más alto tribunal penal de Andorra—, se sienta ahora junto a otros tres exfiscales adjuntos: Carolina Bailén, Núria Garcia Val y Nàdia Alís. Esta configuración replica un supuesto que el TEDH consideró problemático en el caso *Piersack v. Bélgica*, en el que un fiscal pasó a ser juez y presidió un juicio relacionado con un asesinato.

En aquella decisión de 1982, el TEDH apreció una violación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el juicio justo. El tribunal dictaminó que el cargo previo del juez en la oficina del Ministerio Público —descrita como un órgano jerárquico caracterizado por la unidad, la indivisibilidad y la independencia— generaba dudas objetivas sobre su imparcialidad. Subrayó que «incluso las apariencias importan en esta materia» y que cualquier juez con motivos legítimos para tales dudas debe recusarse. El caso belga se originó en el asesinato en 1976 de dos ciudadanos franceses en Bruselas; el exfiscal adjunto, que había supervisado aspectos de la investigación, presidió después el juicio que condenó al acusado a 18 años de trabajos forzados en medio de un acalorado debate jurídico.