Víctor Torre de Silva toma posesión como magistrado del Tribunal Constitucional de Andorra

Víctor Torre de Silva y López de Letona ha prometido hoy como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional de Andorra, en sucesión de Josep Lluís Guàrdia —también referido en algunos informes como Josep Delfí Guàrdia Canela o Josep-Delfí Guàrdia—, cuyo mandato finalizó el 24 de noviembre. Nombrado por el copríncipe Episcopal, Josep-Lluís Serrano i Pentinat, el experto en Derecho Público bilbaíno, nacido en 1966, ha pronunciado su discurso íntegramente en catalán.

En su intervención, Torre de Silva ha afirmado su «pleno y absoluto compromiso con Andorra, su soberanía e instituciones, sometido únicamente a la Constitución y a la ley cualificada del tribunal». Ha calificado el nombramiento de «gran honor», ha expresado su gratitud a Serrano y al Síndico General Carles Ensenyat por organizar la ceremonia en el Consejo General, y ha rendido homenaje a su predecesor. El nuevo magistrado ha solicitado el apoyo de sus colegas del tribunal, citando el lema nacional *Virtus unita fortior*, y ha prometido servir a la Constitución, los derechos de los ciudadanos, la libertad, la justicia, la democracia y el progreso social con total imparcialidad, guiado únicamente por la ley. Ha añadido que sus actuaciones tendrán como objetivo «servir y garantizar la protección de los derechos fundamentales».

Ensenyat, que ha presidido el acto, ha destacado el trayectoria profesional de Torre de Silva, que incluye su etapa como director de la Oficina de la Presidencia del Congreso entre 1996 y 2000 y subsecretario de Defensa de 2000 a 2004, cargos vinculados al Partido Popular español y a figuras como Federico Trillo. El síndico ha enfatizado que la promesa exige «neutralidad ideológica e independencia jurisdiccional», con los magistrados actuando exclusivamente en pleno en interés de Andorra, «guiados solo por la Constitución, las leyes y el interés general», independientemente de la autoridad que les nombró. Ha descrito esto como el principio esencial del sistema, que refleja el compromiso de Andorra con el Estado de derecho, la separación de poderes y los derechos fundamentales. Una vez prometidos, ha señalado Ensenyat, los magistrados dejan de representar al órgano que les designó y sirven únicamente al Estado andorrano.

Tras la ceremonia, Torre de Silva ha rechazado declaraciones a los medios para preservar la neutralidad institucional de su cargo, pese a mostrar irritación por las anteriores «acusaciones», «calumnias» o «injurias» de algunos medios, figuras políticas y grupos parlamentarios críticos con su nombramiento. Ha reiterado que su labor se dirigirá exclusivamente por la Constitución y la ley.