Elecciones al consejo de la CASS en Andorra en curso en medio de debates sobre pensiones y sanidad

Están en marcha las elecciones al consejo de administración de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), con la votación ya abierta mediante depósito en las oficinas de la calle Joan Maragall, en Andorra la Vella, y de forma itinerante en las parroquias cada día. El proceso, que concluirá el 17 de junio, cuenta con candidatos de los colegios de trabajadores asalariados, emprendedores y pensionistas que abordan retos clave como la sostenibilidad de las pensiones, el gasto sanitario y la eficiencia administrativa.

Los candidatos de todos los colegios coinciden en que el sistema de pensiones afronta problemas graves de sostenibilidad ante el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida. Los aspirantes de los trabajadores asalariados, como Anna Carrión, Montserrat Martínez y Salustià Chato, rechazan el cambio a una reparto 50/50 entre empleadores y empleados, defendiendo el modelo actual del 75/25, en el que las empresas asumen la mayor parte. Piden elevar la tasa global del 22% —posiblemente hasta el 30%— y explorar la financiación del presupuesto estatal para algunos costes sanitarios con el fin de liberar recursos para las pensiones. Chato señaló que las cotizaciones a largo plazo no deben derivar en pobreza, y urgió revisar los catálogos de servicios para diferenciar la financiación individual de la pública.

Los candidatos pensionistas, como Ignasi Arbusà, Pere Canturri, Josep Garcia Nebot, Florenci Pla y Lluís Sàmper, describen la reforma como "inaplazable", aunque difieren en los detalles. Ven en general las propuestas de la CASS como técnicamente sólidas, pero insisten en un debate riguroso, transparencia y diálogo social. Surgen desacuerdos sobre planes de pensiones complementarias obligatorias, con los emprendedores Daniel Armengol y Àlex Lligé oponiéndose frontalmente a la obligatoriedad, en referencia a los trasvases forzosos a la CASS en 2008. Los pensionistas también se dividen: Garcia la apoya con fuerza, mientras que otros como Arbusà y Sàmper la rechazan, priorizando las pensiones públicas. La mayoría coincide en que las prestaciones por viudedad y orfandad siguen siendo insuficientes y requieren revisión, aunque Pla advierte de los costes adicionales.

En materia sanitaria, candidatos asalariados como Miquel Àngel Adrán, Neus Cervera y Ramon Pedrosa impulsan procedimientos más ágiles, reembolsos más rápidos y una implementación más amplia del tercer pagador para aliviar la carga familiar. Ven positivamente los reembolsos actuales, pero buscan mejoras, incluida la financiación estatal de la rama. Los pensionistas aprueban en gran medida los niveles de reembolso y los sistemas de copago, con una mayoría a favor de extender el acceso al tercer pagador más allá de su grupo, especialmente en casos vulnerables. Los emprendedores Armengol y Lligé discrepan: Lligé apoya su generalización, mientras que Armengol es cauto.

Todos los grupos destacan la baja participación pasada y la pesada burocracia como obstáculos, e instan a participar para reforzar la representatividad pese a las mayorías gubernamentales en el consejo. La candidata asalariada Neus Cervera da la bienvenida a novedades como la votación por depósito en parroquias y una comunicación más amplia, y destaca que pueden votar todas las nacionalidades. Los candidatos prometen rendición de cuentas periódica, contacto directo con los afiliados e inputs basados en datos para influir en las decisiones más allá de la votación.

Hay menos candidaturas asalariadas este año —tres menos que hace cuatro— lo que plantea interrogantes sobre la percepción de lejanía y las demandas de tiempo, aunque los participantes subrayan el papel del consejo en el debate y la supervisión. Los vocales reciben algo más de 1.000 euros netos al mes, un detalle del que muchos candidatos no eran conscientes previamente.