Familias andorranas se enfrentan a notificaciones de desalojo y batallas judiciales en medio del caos del mercado de alquileres

**Tensiones crecientes en el mercado de alquileres de Andorra mientras las familias reciben notificaciones de desalojo y libran batallas judiciales en los tribunales**

En torno a 25 familias que viven en dos edificios de apartamentos en la calle Doctor Mitjavila, en Andorra la Vella, han recibido notificaciones de los propietarios que indican que sus contratos de alquiler actuales no se renovarán una vez que expiren. Las cartas, enviadas a principios de abril, llegan en medio de una creciente incertidumbre sobre las próximas regulaciones para descongelar los precios de los alquileres, dejando a los inquilinos preocupados por posibles subidas de precios o por tener que mudarse en un mercado con oferta limitada.

El Gobierno ha aconsejado a los residentes afectados que consulten con las autoridades de vivienda pública para obtener orientación sobre sus derechos. Los responsables destacan que, aunque los propietarios pueden decidir sobre sus propiedades, deben cumplir con los requisitos legales, incluidas las posibles limitaciones a las subidas de alquileres según las nuevas normas. Los inquilinos informan de confusión sobre cómo se aplicarán los cambios a los nuevos contratos, y piden protecciones más claras en un sector de vivienda cada vez más tensionado.

En un litigio separado que pone de manifiesto las vulnerabilidades de los acuerdos de alquiler verbales, una familia con dos niños pequeños y un perro en La Massana se enfrenta a un procedimiento civil de desalojo en el tribunal de la Batllia. El conflicto, que se prolonga desde junio de 2025, surge de desacuerdos sobre las condiciones del contrato sin un documento escrito formal.

La familia afirma que entró en el apartamento tras un acuerdo verbal concertado a través de una agencia inmobiliaria, que incluía pagos mensuales de unos 1.750 € que cubrían alquiler, suministros y plaza de aparcamiento, más permiso para mascotas. Pagaron una fianza de reserva a la agencia y un depósito, que luego se depositó en el juzgado, y cambiaron la cerradura de la puerta tras supuestas amenazas del propietario por el uso del trastero. «Tenemos dos niños pequeños y no sabíamos qué podía pasar», explicaron, describiéndolo como una medida de seguridad.

El propietario niega cualquier acuerdo de alquiler, alegando que la familia ocupó la propiedad sin permiso y que los pagos representan compensación por daños, no alquiler. La parte del propietario considera improcedente el cambio de cerradura. Un recurso judicial previo fue desestimado por motivos procesales, prolongando la incertidumbre mientras la familia continúa pagando a la espera de una sentencia sobre si los contratos verbales —válidos según la ley andorrana si se prueba el consentimiento y el precio— son ejecutables en este caso.

Ambos casos subrayan las presiones más amplias en el mercado de alquileres de Andorra, donde los inquilinos carecen de fuertes garantías sin documentación clara. No se han informado resultados definitivos en ninguno de los dos asuntos.