Fiscalía andorrana pide dos años de cárcel para familia acusada de ocultar bienes de restaurante para evadir deuda de 60.000 euros
La fiscalía pública andorrana solicita penas de prisión condicional de dos años y una responsabilidad civil de 60.000 euros para un hombre de 73 años y sus dos hijas, acusados de obstaculizar la
Claves
- Fiscalía andorrana pide dos años de cárcel condicional y 60.000 euros de responsabilidad civil para familia por ocultar bienes de restaurante.
- Familia acusada de transferir mobiliario de primer restaurante fallido a segundo para evadir 58.000 euros de alquiler impagado.
- Padre de 73 años niega rol de gestión y afirma solo ayudar como manitas; hijas gestionaban formalmente.
- Juicio en Tribunal de Corts en curso; defensa califica traslados de mobiliario como ayuda familiar abierta.
La fiscalía pública andorrana solicita penas de prisión condicional de dos años y una responsabilidad civil de 60.000 euros para un hombre de 73 años y sus dos hijas, acusados de obstaculizar la recuperación de una deuda tras el fracaso de dos restaurantes familiares en Andorra la Vella.
El juicio en el Tribunal de Corts, que se ha iniciado hoy, se centra en un delito grave de frustración de procedimientos de ejecución. El primer restaurante, registrado a nombre de una de las hijas, operó desde 2007 hasta su cierre en 2015 en la zona alta de Escaldes-Engordany, acumulando unos 58.000 euros de alquiler impagado. La fiscalía sostiene que el mobiliario inventariado del local se transfirió a un segundo restaurante abierto por la otra hija, impidiendo al propietario recuperar más de 60.000 euros pese a las demandas judiciales iniciadas tras el cese de pagos en 2010.
La fiscalía argumenta que el padre tuvo un papel activo de gestión, pese a que los negocios estaban administrados formalmente por sus hijas. Él lo negó, insistiendo en que solo prestó ayuda ocasional como manitas, camarero o personal de apoyo, sin manejar finanzas, contratos ni decisiones. «Nunca actué como propietario, solo ayudé a mis hijas», dijo al tribunal, añadiendo que no recibió remuneración. Su testimonio incluyó contradicciones, vacilaciones y fallos de memoria, que atribuyó a problemas de salud recientes. Reconoció saber de los problemas financieros e intentar renegociar el alquiler con el propietario, pero mantuvo que no existía orden de embargo cuando se movió el mobiliario —mesas, sillas y frigoríficos— tras el cierre. El propietario les permitió llevárselo, dijo, con la mayoría de los enseres yendo a un almacén y solo una pequeña parte reutilizada en el segundo local. «No somos delincuentes», enfatizó, negando intención de ocultar bienes.
La hija que gestionó el primer restaurante, que se hizo cargo con 21 años con apoyo financiero y logístico de sus padres, admitió la deuda y las dificultades iniciales. «Empezó bien, pero se acumularon los pagos», dijo, señalando que sus padres cubrieron algunos gastos. Afirmó tener un conocimiento limitado de los documentos judiciales, firmándolos mientras confiaba en profesionales para los asuntos administrativos.
La defensa presenta el papel del padre como una ayuda familiar habitual en el sector de la restauración, con los traslados de mobiliario realizados de forma abierta y sin eludir a acreedores. Se produjeron tensiones durante el interrogatorio, lo que llevó al juez a advertir contra un «partido de tenis» de interrupciones.
La vista continúa mañana con el testimonio de la segunda hija y más pruebas antes de la sentencia.
Fuentes originales
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