Andorra defiende la liberalización del mercado de alquiler como impulso a la igualdad de género
La ministra de Vivienda afirma que contratos más libres aumentarán la oferta, reducirán los alquileres y ayudarán a las mujeres a superar las barreras del diferencial salarial para acceder a una vivienda independiente, en medio de un descongelado gradual a partir de 2026.
Claves
- El Gobierno andorrano defiende la liberalización del mercado de alquiler como impulso a la igualdad de género al facilitar el acceso de las mujeres a la vivienda pese al diferencial salarial.
- Contratos más libres para aumentar la oferta y reducir alquileres mediante mayor seguridad jurídica.
- Descongelado gradual: tope del 2,5 % en alquileres para nuevos acuerdos en 2027; IPC completo desde 2026 para prórrogas.
- Costes de implementación: 10.000 € en software, 13.526 € en nueva plaza; impacto fiscal mínimo.
El Gobierno andorrano ha defendido su plan para liberalizar gradualmente el mercado de alquiler argumentando que podría beneficiar a la igualdad de género. La ministra de Vivienda, Conxita Marsol, afirma en el memoria explicativa que acompaña el anteproyecto de ley que introducir términos de libertad de contrato puede tener un efecto positivo en cuestiones de género.
El documento, presentado al Consell General para su aprobación, destaca cómo las relaciones de alquiler están influenciadas por estereotipos de género que pueden derivar en discriminaciones prohibidas por las leyes de arrendamientos urbanos, de trato igualitario y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Señala que el diferencial salarial de género obstaculiza el acceso independiente de las mujeres a la vivienda.
Un mercado más libre, argumenta el memoria, impulsaría la oferta mediante una mayor seguridad y confianza jurídica, lo que acabaría reduciendo los alquileres y haría las viviendas más accesibles para las mujeres. Esta afirmación probablemente generará debate.
El proceso de liberalización descongela los contratos de alquiler de forma progresiva. Para los renovados en 2027 mediante un nuevo acuerdo, los incrementos de alquiler estarán limitados al 2,5 % el primer año, incluso si el índice de precios al consumo (IPC) es superior, como salvaguarda contra posibles picos inflacionarios derivados de tensiones en Oriente Medio. Este límite no se aplica a las prórrogas tácitas o legales, que podrán usar el IPC completo desde 2026, ni a los contratos descongelados más tarde (2028-2030).
Los costes de implementación se estiman como moderados. El Gobierno prevé 10.000 € para actualizar el sistema informático SICAR de gestión de contratos de alquiler, más 13.526,52 € para una nueva plaza técnica en el Departamento de Vivienda en 2026. Los responsables aseguran que los cambios no afectarán significativamente los ingresos ni los gastos del Estado, aunque el impacto en la recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales inmobiliarias sigue sin aclararse por falta de datos completos sobre alquileres previos convertidos en viviendas de propiedad.
Fuentes originales
Este articulo se agrego a partir de las siguientes fuentes en catalan: