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El Tribunal Constitucional español avala las subastas subhasta para la aseguradora andorrana en quiebra Assegurances Generals

La sentencia pone fin al bloqueo judicial, respalda a los administradores y reactiva la venta de activos para compensar a las víctimas tras seis años de retraso.

Sintetizado a partir de:
Diari d'Andorra

Claves

  • El tribunal desestimó alegaciones de violaciones de derechos y avaló el nombramiento de Granyó y el enfoque del tribunal de Batllia.
  • Las subastas subhasta de activos embargados se reanudan para compensar a los acreedores.
  • Los procedimientos estaban paralizados desde 2019 por precaución ante posibles revocaciones.
  • El caso lleva seis años con repetidos recursos que han ralentizado el cierre.

Una sentencia del Tribunal Constitucional español ha despejado el camino para las subastas subhasta de los activos embargados a la aseguradora en quiebra Assegurances Generals, poniendo fin a un bloqueo judicial que había paralizado los procedimientos.

La decisión, dictada el 19 de enero, desestimó un recurso presentado por los antiguos propietarios y respalda el nombramiento de Xavier Granyó como coadministrador junto a la Autoritat Financera Andorrana (AFA). También avala el enfoque del tribunal de Batllia de Andorra en la liquidación de los activos. Los recurrentes alegaron graves violaciones de derechos fundamentales, entre ellas el derecho de defensa, la falta de motivación, el incumplimiento del principio de contradicción y la legalidad del nombramiento de Granyó. Solicitaban anular todas las resoluciones emitidas desde noviembre de 2019, pero el tribunal rechazó íntegramente el recurso.

Granyó, en declaraciones a Diari d'Andorra, confirmó que la sentencia reactiva todas las operaciones paralizadas. «Significa que todo lo que estaba en suspenso se ha reactivado», afirmó, y añadió que las subhastas de los activos embargados podrán proceder ahora con normalidad para facilitar la compensación a las víctimas.

La pausa en las subastas no fue ordenada por el tribunal, sino una medida de precaución, explicó Granyó. Los administradores detuvieron las adjudicaciones para evitar revocaciones en caso de que el tribunal fallara a favor de los antiguos propietarios. «Desde 2019, cuando comenzó la quiebra, hemos gestionado el caso con diligencia y siempre hemos creído que la justicia fallaría a nuestro favor», señaló.

No es la primera vez que las partes en quiebra cuestionan el proceso, indicó Granyó, aludiendo a los repetidos retrasos legales que han frenado el avance. «Dificultan el procedimiento», comentó, destacando el impacto en un caso que lleva seis años sin visos de cierre.

La reactivación ofrece esperanzas a los acreedores afectados por el colapso de la aseguradora, aunque Granyó subrayó el compromiso continuo de la administración con un cierre exhaustivo.

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Fuentes originales

Este articulo se agrego a partir de las siguientes fuentes en catalan: