Andorra aprueba reformas penales que criminalizan el contenido sexual online personalizado y de pago como prostitución

El Gobierno de Andorra ha aprobado reformas al código penal que clasifican el contenido sexual online con interacción directa y pago —como solicitudes personalizadas en plataformas como OnlyFans— como prostitución. Los consumidores enfrentan multas administrativas de entre 501 y 1.500 euros, mientras que quienes facilitan o se lucran con tales actividades arriesgan penas de prisión de tres meses a tres años, o de dos a cinco años si hay coacción. La ministra de Justicia e Interior, Esther Molné, detalló los cambios durante una comparecencia el lunes, y subrayó que producir o consumir pasivamente pornografía general sigue siendo legal. Estableció una línea entre la visualización estándar y los escenarios en los que un comprador «demanda lo que quiere» a cambio de dinero.

Approved by the Council of Ministers last Wednesday, the reforms aim to protect young people from digital sexual crimes and close existing gaps. They set the age of consent at 16, or 14 if partners are no more than five years apart. Distributing non-consensual sexual images—including those created or altered using AI to simulate nudity or acts—carries prison terms of three months to three years. Sending unsolicited sexual material counts as harassment, punishable by arrest. Child pornography now includes any depiction resembling a minor, regardless of actual age, with penalties up to four years. Attempting to attend pornographic shows featuring minors or people with disabilities incurs up to two years in prison.

El paquete también endurece las normas sobre incitación al discurso de odio online, con penas de tres meses a tres años de prisión y agravantes para casos digitales, incluidos conspiración o provocación. Las disposiciones sobre violencia doméstica ya no exigen convivencia, con penas más duras si se cometen en el domicilio de la víctima o afectan a un menor. Por primera vez, las empresas enfrentan responsabilidad penal por delitos graves como tráfico de personas, blanqueo de capitales, delitos ambientales y corrupción en el sector privado, incluidas multas de hasta 300.000 euros y prohibiciones de actividad. Estas medidas responden a recomendaciones de Moneyval y Greco.

El proyecto de ley pasa al Consell General este martes por procedimiento de urgencia, con aprobación prevista antes de julio. La mayoría de las disposiciones entrarán en vigor un año después de su publicación en el BOPA, aunque Molné señaló que el Parlamento podría adelantar medidas sobre libertad sexual, discriminación y acoso mediante enmiendas, posiblemente de partidos como Concòrdia.

Diversand ha alabado las ampliaciones por delitos de odio, pero ha instado a participar en la refinación de definiciones con criterios objetivos, basándose en experiencias de otros países. La vicepresidenta Isabella Vargas ha destacado riesgos de interpretaciones subjetivas y ha pedido aportaciones de la sociedad civil a las enmiendas. La policía está reforzando la forense digital, mientras que las herramientas para hacer cumplir pagos online están en desarrollo. Molné enfatizó que un marco legal claro es esencial para una acción efectiva.