Fiscales de Andorra investigan a Sant Julià de Lòria por licencias ilegales y fraude en vertedero
Las autoridades andorranas abrieron una pesquisa en otoño de 2025 contra el Ayuntamiento de Sant Julià de Lòria por conceder permisos de obra en suelos sin servicios y permitir vertidos impagos en un vertedero público, con pérdidas millonarias.
Claves
- La investigación apunta al Departamento de Urbanismo por licencias en parcelas sin viales, agua ni alcantarillado durante 15-20 años.
- Camiones de escombros vertieron en Rabassa sin pagar ni inspecciones, con pérdidas de 300.000-400.000 €.
- El Ayuntamiento detectó irregularidades en una pesquisa interna, reasignó al funcionario y denunció a fiscales.
- Contratan cuatro especialistas para paliar la falta de personal en la revisión del POUP.
Los fiscales de Andorra investigan posibles irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de la parroquia de Sant Julià de Lòria, entre ellas licencias de obra otorgadas en parcelas sin los servicios requeridos y vertidos no pagados en el vertedero de Rabassa.
La pesquisa, iniciada en otoño de 2025, se dirige al Departamento de Urbanismo de la parroquia por supuestamente conceder licencias de construcción durante 15 a 20 años en terrenos de urbanizaciones incompletas. Estas parcelas no cumplían la condición de «solar» según la normativa local, que exige infraestructuras completas como viales asfaltados con aceras adecuadas, saneamiento de pluviales, suministro de agua potable y conexiones de alcantarillado —o sistemas de tratamiento independientes—. Las autorizaciones habrían permitido nuevas chalets en calles sin asfaltar o en suelos sin estos servicios esenciales, con prácticas que continuaron hasta el inicio del mandato municipal actual.
La investigación también examina camiones de escombros que utilizaron el vertedero de Rabassa, propiedad del Ayuntamiento, sin abonar tasas ni pasar las inspecciones obligatorias de vehículos, en un periodo similar. Esta actividad, detectada por el intenso tráfico pese a las escasas autorizaciones oficiales, ha causado pérdidas estimadas de 300.000 a 400.000 euros —aproximadamente el 10 % del presupuesto de inversión del Ayuntamiento para 2025—.
El conseller en cap Cerni Cairat expresó sorpresa por que los problemas se prolongaran tanto tiempo. En declaraciones a los medios, defendió la respuesta del Ayuntamiento: al detectar irregularidades durante una investigación interna disciplinaria contra un funcionario de Urbanismo, identificó posibles indicios delictivos y remitió el caso a los fiscales. «Actuamos con la firmeza y diligencia que merecía», afirmó Cairat, quien recordó que la ley obliga a denunciar indicios de delito. El funcionario sigue empleado, pero ha sido reasignado al departamento de montes, con el expediente administrativo suspendido a la espera del resultado judicial.
Los fiscales deben decidir ahora si presentan denuncia formal ante la Batllia, que evaluaría las pruebas para un eventual juicio. Por separado, el departamento arrastra una crónica falta de personal y deficiencias en la contratación, que agravan los costes en proyectos como la revisión del Pla d'Ordenació Urbanística Parroquial (POUP). Para paliarlo, el Ayuntamiento contratará cuatro especialistas en ingeniería, arquitectura, obras públicas, urbanismo y gestión catastral.
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