Andorra Endavant aplaude 68 expedientes por irregularidades en reagrupación familiar
El partido de la oposición ve en la acción gubernamental una validación de sus demandas y urge investigaciones exhaustivas, prevención del fraude y mayor control para garantizar el cumplimiento legal sin afectar a residentes legales.
Claves
- Gobierno inicia 68 expedientes por irregularidades en reagrupación familiar.
- Oposición lo interpreta como validación de sus demandas de mayor supervisión.
- Piden mejor detección, coordinación y tolerancia cero a inmigración ilegal.
- Enfatizan que la mayoría de inmigrantes son legales y solo se dirigen a casos irregulares.
Andorra Endavant ha aplaudido la apertura por parte del Gobierno de 68 expedientes sobre posibles irregularidades en casos de reagrupación familiar, considerándola una confirmación de su impulso por un mayor control de la inmigración.
El partido de la oposición, liderado por Carine Montaner, ha calificado esta acción administrativa como un paso en la dirección correcta, en línea con las demandas que ha planteado a lo largo de la legislatura. En un comunicado reciente, el grupo ha subrayado que estos expedientes representan solo una medida inicial, no el fin del proceso.
Ha señalado casos de personas que, según informes, han residido de forma irregular en Andorra entre dos y cinco años sin ser detectadas, lo que pone de manifiesto lagunas en los sistemas de control. Andorra Endavant ha pedido mecanismos de detección mejorados, una mayor coordinación entre servicios gubernamentales y la resolución rápida de las irregularidades en pleno cumplimiento de la normativa vigente.
El partido ha defendido una postura de "tolerancia cero" ante la inmigración ilegal y la delincuencia asociada, insistiendo en que las normas se aplican por igual a todos. Ha enfatizado la prevención de casos prolongados sin detección mediante controles más estrictos para evitar fraudes o abusos en los procesos de reagrupación.
Andorra Endavant ha reiterado que la mayoría de los inmigrantes en el Principado viven de forma legal, trabajan y contribuyen a la economía. Sus propuestas se dirigen únicamente a situaciones ilegales, con el objetivo de una política "ordenada y controlada" adaptada a la capacidad del país, sin afectar a los residentes cumplidores que aportan mediante su empleo e impuestos.
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