APDA paraliza prueba ilegal de cámaras corporales en Canillo

La Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA) ha notificado formalmente al consell parroquial de Canillo que detenga el uso de cámaras de videovigilancia móvil en agentes de tráfico y ha iniciado un procedimiento de inspección, exigiendo todos los detalles sobre su despliegue.

La agencia contactó con Canillo el lunes, subrayando que los dispositivos carecen de respaldo legal sin aprobación nacional previa. La APDA se ha negado a comentar más sobre el asunto. La parroquia inició una prueba piloto el 17 de julio durante su Festa Major, colocando cámaras en el pecho de los agentes para evaluar su rendimiento en multitudes. Los líderes del consello afirmaron que la iniciativa se basaba en la regulación para dispositivos de videovigilancia móvil en agentes de tráfico, aprobada por Canillo el 22 de enero y en vigor desde el 5 de febrero tras su publicación en el BOPA.

Sin embargo, el artículo 7 del capítulo de autorizaciones de la regulación exige autorización previa del Ministeri d’Interior para cualquier uso por parte de agentes de tráfico parroquiales, un trámite que ninguna parroquia, incluida Canillo, había obtenido a fecha 17 de julio. El texto no contempla excepciones para pruebas piloto. La nota de información general de la APDA del 23 de julio reiteró que los sistemas de grabación en espacios públicos requieren autorización del Ministeri d’Interior y un informe vinculante de la comisión nacional de videovigilancia.

Todas las parroquias han adquirido las cámaras y han adoptado la regulación uniforme, pero aguardan el visto bueno del Interior para proceder. Las patrullas de seguridad ciudadana llevan nueve años utilizando estos dispositivos, mientras que las demandas de equipamiento similar por parte de los agentes de tráfico se incluyeron en la Llei d’Agents de Trànsit de 2023.

Funcionarios de Canillo, incluidos Jordi Alcobé y Marc Casal, habían avalado los resultados de la prueba e instado a otras parroquias a seguir su ejemplo, aunque Rosa Gili, de Escaldes-Engordany, la rechazó a la espera de la aprobación de la comisión nacional de videovigilancia. Una fuente parroquial señaló retrasos en la obtención de permisos. La medida de la APDA actúa como precaución en medio de su revisión, que no puede derivar en multas directas a organismos públicos pero sí en reprimendas. No se ha emitido resolución final.