Marsol defiende en el Consell General la ley de desregulación de alquileres

La ministra de Vivienda, Conxita Marsol, ha defendido ante el Consell General la nueva ley de desregulación de alquileres, asegurando a los consejeros que las prórrogas de contrato serán automáticas una vez que entre en vigor en enero. Los asesores jurídicos del Govern han revisado el texto y han concluido que los arrendamientos se prorrogan por mandato legal, sin que sea necesario que los inquilinos manifiesten su voluntad de renovar, ha señalado.

El debate surge a raíz de una sentencia del Tribunal Superior que exige que los inquilinos hayan comunicado su intención de renovar para poder acogerse a las prórrogas previstas en la Ley 24/2023, la medida sobre el mercado de alquiler de vivienda vigente hasta diciembre. Marsol ha confirmado que el Govern ha identificado una segunda sentencia en la misma línea, aunque todavía no han llegado casos individuales ni al ministerio ni al Instituto Nacional de la Vivienda. Ha animado a los afectados a dirigirse a cualquiera de los dos organismos.

En respuesta a una pregunta de Pere Baró, presidente en funciones del grupo Socialdemócrata, Marsol ha reconocido que la redacción de la legislación anterior pudo ser defectuosa. «Quizá no hicimos las cosas suficientemente bien», ha dicho, señalando que la ley de 2023 se aprobó por unanimidad, pero ha subrayado que el Govern no puede impugnar las decisiones judiciales.

Baró ha advertido de que la interpretación del tribunal podría perjudicar a las familias y ha criticado al ejecutivo por ofrecer únicamente los mecanismos de apoyo ya existentes. «Hay que hacer más», ha afirmado, cuestionando si derivar a los hogares afectados a los servicios de asistencia era una respuesta adecuada.

Marsol ha rechazado modificar la ley actual por el momento, señalando que expira a finales de año y que cualquier cambio legislativo no tendría carácter retroactivo. Ha dejado la puerta abierta a intervenir si se identificara una necesidad: «Creo que no hace falta modificarla, pero si se ve una necesidad, podemos hablarlo».

Cualquier reforma no cubriría a los hogares ya afectados por las resoluciones judiciales. Marsol ha apuntado al parque público de vivienda, las subvenciones al alquiler y el programa 30-40 como los mecanismos disponibles para atender los casos de forma individual.