El PS pide un régimen sancionador en la reforma de la ley de transparencia

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha presentado una proposición de ley para modificar la ley de transparencia de Andorra, argumentando que la normativa aprobada en 2021 no se cumple plenamente y que el cumplimiento formal no se ha traducido en una rendición de cuentas real. El grupo parlamentario quiere regular los lobbies mediante un registro público, que el Raonador del Ciutadà asuma la evaluación de la ley y que se aplique un régimen sancionador cuando se incumplan sus obligaciones.

La propuesta fue presentada por la presidenta del grupo, Susanna Vela, y la consellera general Laia Moliné, quienes afirmaron que el objetivo es pasar de la transparencia formal a la transparencia efectiva y permitir que la ciudadanía fiscalice cómo actúan los poderes públicos.

Vela citó el informe de 2025 de la Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública, que concluyó que el 38% de los indicadores de la ley se cumplen solo parcialmente y el 8% no se cumple en absoluto, lo que suma un 46% que no se sigue de forma satisfactoria. También criticó las lagunas en la publicación de convenios colectivos, subvenciones, modificaciones de contratos y agendas de los responsables políticos, y cuestionó un sistema de evaluación que depende de una unidad dentro del propio Govern y excluye a otras administraciones y entidades parapúblicas. Según Vela, no basta con mantener un portal de información o publicar documentos; la ciudadanía debe poder ver cómo se gasta el dinero público y si se cumplen los compromisos.

Una de las principales novedades es la creación de un régimen sancionador, que antes no existía. Prevé multas de entre 500 y 24.000 euros según la gravedad de la infracción, aplicables tanto al personal al servicio de la Administración —hasta 12.000 euros— como a los altos cargos, con un máximo de 24.000 euros. El texto establece categorías de incumplimientos leves, graves y muy graves de las obligaciones de transparencia. Moliné sostuvo que las consecuencias jurídicas son necesarias para que la ley se cumpla y advirtió que, sin sanciones, una ley acaba siendo en gran medida ineficaz.

Moliné detalló además que la reforma exigiría publicar más información sobre la adjudicación de contratos públicos, incluido el número de licitadores, las puntuaciones, los informes técnicos y las modificaciones posteriores de los contratos. Ampliaría los datos sobre subvenciones denegadas, retribuciones y gasto en comunicación institucional, y obligaría a presentar los documentos en formatos accesibles y reutilizables. Se reforzarían las garantías de acceso a la información y las competencias de la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació de la Documentació.

Los cargos públicos también estarían obligados a presentar declaraciones anuales de intereses profesionales y empresariales y una declaración patrimonial dos años después de dejar el cargo, además de las que ya presentan al inicio y al final del mandato. Vela defendió hacer pública esa información, con sujeción a las normas de protección de datos, pese a las reservas expresadas anteriormente por los grupos que sostienen al Govern.

La reforma crearía además un registro de grupos de interés o lobbies para hacer transparentes sus relaciones con los representantes políticos. Vela afirmó que la ciudadanía debe saber con quién se reúnen los cargos electos, con quién dejan de reunirse y qué propuestas se les plantean. El PS también propone encomendar al Raonador del Ciutadà la tarea de evaluar la ley mediante indicadores objetivos y un informe anual al Consell General, y exigir a las administraciones que expliquen cómo valoraron las aportaciones recibidas en los procesos de participación pública.

El texto recupera varias enmiendas que el grupo presentó durante la tramitación de la ley original y que fueron rechazadas. En materia de recursos, Moliné reconoció que sería necesario reforzar la capacidad humana y técnica de la Administración, responsabilidad que atribuyó principalmente al Govern, y afirmó que un Govern del PS financiaría las medidas. Vela admitió que el calendario legislativo puede dificultar la tramitación de la propuesta, pero sostuvo que las carencias detectadas en casi cinco años de vigencia de la ley justifican reabrir el debate, y expresó su deseo de que otros grupos parlamentarios contribuyan a mejorar el texto.