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Tribunal Superior de Andorra obliga a SAAS a pagar 367.000 € al exjefe de Urgencias del hospital por despido improcedente

**El Tribunal Superior de Justicia de Andorra ordena a SAAS pagar casi 367.000 euros al exjefe de Urgencias del Hospital Nostra Senyora de Meritxell por despido improcedente ** El Tribunal Superior

Sintetizado a partir de:
Diari d'AndorraAltaveuLa Veu Lliure

Claves

  • El Tribunal Superior de Andorra ordena a SAAS pagar 366.976 € al doctor Josep Francesc Gómez Jiménez por despido improcedente.
  • El despido de 2018 vulneró el plazo de prescripción de 60 días de la ley laboral tras retraso del SAAS en irregularidades de propiedad intelectual.
  • El pago incluye 348.939 € de indemnización, vacaciones, pagos extraordinarios e intereses legales.
  • La sentencia confirma la de primera instancia y rechaza la alegación de SAAS de conducta continuada.

**El Tribunal Superior de Justicia de Andorra ordena a SAAS pagar casi 367.000 euros al exjefe de Urgencias del Hospital Nostra Senyora de Meritxell por despido improcedente **

El Tribunal Superior de Justicia de Andorra ha confirmado la sentencia de un juzgado inferior que declaró improcedente el despido del doctor Josep Francesc Gómez Jiménez, jefe de urgencias durante mucho tiempo en el Hospital Nostra Senyora de Meritxell. La decisión de la sala civil, notificada el jueves, obliga al Servicio Andorrano de Atención Sanitaria (SAAS) a pagarle un total de 366.976,43 euros, que incluye una indemnización principal de 348.939 euros, más 18,49 euros por vacaciones no disfrutadas y 18.018,94 euros por pagos extraordinarios pendientes. Se añadirán intereses legales.

La sentencia pone fin a un litigio que se remonta a septiembre de 2018, cuando el SAAS despidió formalmente a Gómez Jiménez, especialista en medicina interna, por motivos disciplinarios. La entidad pública le acusó de irregularidades en la gestión de los derechos de propiedad intelectual del sistema de triaje del hospital, que había contribuido a desarrollar. Surgieron tensiones por las patentes y los derechos de explotación, que llevaron a su cese tras más de dos décadas en la sanidad pública.

Tanto el juzgado de Batllia como el Tribunal Superior se centraron en el plazo temporal y dictaminaron que el SAAS conocía los presuntos hechos años antes. Según la legislación laboral, las faltas muy graves prescriben a los 60 días desde que el empleador tiene conocimiento de ellas. Los tribunales consideraron que este plazo se había superado con creces en la notificación de despido de 2018, lo que invalidó la sanción. Rechazaron la alegación del SAAS de una conducta continuada, al señalar que incidentes concretos como registros o transferencias de derechos estaban limitados en el tiempo y no podían prolongarse para eludir la prescripción.

La cantidad final, ligeramente superior a la concedida en primera instancia, tiene en cuenta un salario diario revisado de 2018 de 387 euros y otras cantidades adeudadas. Queda por debajo de la demanda inicial del doctor Gómez Jiménez, que superaba los 523.000 euros. La sentencia firme y ejecutiva también obliga al SAAS a cubrir parte de las costas judiciales, sin entrar en el fondo de las acusaciones.

Este resultado refuerza que los empleadores públicos deben actuar dentro de los plazos legales para imponer sanciones disciplinarias, y supone un caso laboral significativo en el sector sanitario de Andorra.

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