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Política·

Oposición andorrana critica la ayuda al alquiler por riesgo de inflación

Líderes de la oposición en Andorra censuran la nueva asistencia al alquiler del Gobierno por poder impulsar subidas de precios y dependencia de subsidios. La ministra la defiende como medida temporal con salvaguardas.

Claves

  • Cerni Escalé advierte que el programa permite a propietarios subir alquileres hasta el tope de la ayuda del 30% de ingresos.
  • Ministra Conxita Marsol defiende la ayuda como temporal, con límites legales a subidas y requisitos de ingresos y residencia.
  • Socialdemócratas la tildan de electoralista; Andorra Endavant defiende inversiones de propietarios.
  • Programa cumple compromiso de julio ante crisis habitacional, junto a ampliación de vivienda pública.

Cerni Escalé, líder del grupo parlamentario Concordia, advirtió durante la sesión del Consejo General del jueves que el nuevo programa de asistencia al alquiler del gobierno corre el riesgo de desencadenar inflación en el mercado al permitir que los propietarios suban los alquileres hasta el techo de la ayuda.

Escalé cuestionó cómo esta medida —en la que el gobierno cubre la diferencia para que los hogares no paguen más del 30 % de sus ingresos en alquiler— podría incitar a los propietarios a aumentar los precios. Ilustró con el ejemplo de alguien que gana 2000 € al mes y aporta un máximo de 600 €, dejando al Estado que financie 400 € más. «¿Qué impide al propietario subir el alquiler en esa diferencia?», preguntó, argumentando que equivale a financiar públicamente los aumentos del mercado, la opción más fácil para el Estado, mientras dudaba de su efectividad. Citó ejemplos internacionales en los que ayudas similares impulsaron subidas de alquileres y urgió evitar una dependencia generalizada de la asistencia social, recordando las propuestas rechazadas de Concordia para controles de precios y ampliación de la vivienda pública.

Escalé insistió: «Tememos que esta medida, al pagar la diferencia directamente a los propietarios, cause inflación en el mercado».

La ministra del Interior, Conxita Marsol, que supervisa Economía, Empleo y Vivienda, rechazó las críticas e insistió en que el programa está «bien protegido» por los límites legales a las actualizaciones de alquileres, incluidos los tramos para contratos existentes y topes de precios para los nuevos. Lo describió como una iniciativa temporal para preservar el nivel de vida y la asequibilidad hasta que crezca la vivienda pública, con elegibilidad ligada a ingresos, patrimonio y residencia. «Los ciudadanos con poder adquisitivo medio deben destinar el 30 % de sus ingresos a vivienda sin perjudicar su calidad de vida», afirmó.

Pere Baró, presidente del Partido Socialdemócrata, se sumó a la oposición calificando la ayuda de electoralista y favorable a propietarios sin escrúpulos. Carine Montaner, presidenta del grupo Andorra Endavant, defendió a los propietarios, señalando que «han sudado para adquirir estos pisos» y que sin ellos no habría alquileres.

Marsol replicó que los socialdemócratas se abstuvieron mientras otros votaron a favor, enmarcando el programa como apoyo a los inquilinos junto al crecimiento del parque público. Cumple un compromiso gubernamental de julio pasado en medio de las tensiones habitacionales en curso.

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