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ARPA reclama criterios para mascotas en alquileres tras desalojo de inquilina embarazada

La asociación andorrana aboga por guías claras para evaluar animales en alquileres en un caso donde una mujer perdió su vivienda por un perro, pese a que los tribunales no hallaron problemas. Pide estándares legislativos para resolver conflictos de forma justa.

Claves

  • ARPA destaca el caso de Julieth Moncada desalojada por un pomeranio sin daños ni quejas.
  • Juzgado de primera instancia falló a su favor, revocado en apelación y anulado por el Tribunal Constitucional.
  • ARPA busca estándares objetivos en la Ley de Protección Animal para higiene y convivencia.
  • Laura Valero: Las cláusulas sin mascotas no deben implicar desalojos automáticos sin justificación.

ARPA, la asociación andorrana de rescate y protección animal, reclama criterios objetivos para evaluar mascotas en viviendas de alquiler antes de desalojos, destacando el caso de una joven inquilina embarazada expulsada de su hogar por su perro pomeranio.

La inquilina, Julieth Moncada, vivía sola con su perro Lulú y no registró daños en la propiedad, molestias a vecinos ni problemas de convivencia, según los detalles compartidos con ARPA. Una cláusula del contrato de alquiler prohibía animales, lo que llevó a su desalojo. Los tribunales han tramitado el asunto en varias instancias: el de primera instancia falló a favor de Moncada por falta de problemas probados; se revocó en apelación, pero el Tribunal Constitucional de Andorra anuló esa decisión y ordenó una nueva, plenamente justificada.

La presidenta de ARPA, Laura Valero, subrayó que el grupo no puede tomar partido por ninguna de las partes, al no disponer del expediente judicial completo. «Confiamos en que la justicia resuelva lo que proceda en este caso», afirmó. La asociación ha hablado con Moncada, pero enfatizó que los tribunales deben valorar cualquier factor desconocido.

Valero argumentó que una cláusula de no mascotas no debe conllevar una expulsión automática sin justificar las circunstancias. «No queremos que tener un perro sea un derecho absoluto, sino criterios objetivos», añadió. ARPA desea que el Proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal incluya estándares para resolver conflictos entre propietarios, inquilinos y mascotas —sobre convivencia, idoneidad del edificio, higiene, quejas verificadas y bienestar animal— y evitar así que lleguen a los tribunales.

«Si para decidir si un pomeranio sin molestias puede vivir en un piso hace falta llegar al Tribunal Constitucional, quizá el problema no sea el perro», comentó Valero. El grupo se inspira en prácticas de países vecinos y promueve directrices previas sobre responsabilidades para evitar litigios.

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